A unos días de que se realicen las que serán las elecciones más grandes en la historia de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a reforzar las acciones preventivas para garantizar unas elecciones pacíficas.
El principal organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló que ha monitoreado las agresiones en contra de personas candidatas, así como las medidas que se han tomado para prevenirlas e investigarlas.
“Desde el año pasado, la CIDH ha observado con preocupación la ocurrencia de una serie de hechos de violencia —entre los que destacan asesinatos, amenazas y secuestros— en contra de personas precandidatas, candidatas, y de dirigentes o militantes de distintos movimientos o afiliaciones políticas”.
En ese sentido el organismo encargado de promover la observancia de los derechos humanos en la región señaló que en marzo pasado fueron asesinados 15 personas precandidatas o candidatas, así como nueve aspirantes.
Y que entre el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero de 2024, 33 personas con intenciones de postulación fueron asesinadas, de las cuales 16 eran aspirantes a una candidatura.
Aunque la CIDH reconoce el esfuerzo de las autoridades por prevenir y atender estos hechos de violencia, hizo un llamado para reforzar la prevención, y esclarecer los crímenes contra candidatos, señalando a los autores materiales e intelectuales.
En ese sentido advirtió que el combatir la impunidad “es condición esencial para prevenir nuevos actos de esta naturaleza”.
La Comisión llama al Estado a continuar fortaleciendo estas medidas de prevención, tendientes a garantizar elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo.
Según el reporte que entregó el Estado mexicano a la Comisión, actualmente la protección se otorga “a priori” ante la mera solicitud para evitar actos de violencia por trabas administrativas.
Sin embargo, el protocolo establecido entre el INE y el gobierno federal indica que las solicitudes de seguridad de los candidatos deben pasar un primer filtro en el órgano electoral, para después ser evaluadas por el gabinete de seguridad, considerando el nivel de riesgo y de incidencia delictiva en el territorio.
Asimismo, el Estado señaló que desde el 2 de febrero, opera el Protocolo específico para atender solicitudes relacionadas con la seguridad de candidaturas en el marco del actual proceso.
El último reporte de las autoridades indica que 45 de las solicitudes de protección de las personas candidatas a nivel federal fueron declinadas por los mismos solicitantes y las 487 restantes de un total de 532 contaban con protección.
JND