La seguridad en México atraviesa su peor momento en la historia reciente. En los 64 meses transcurridos del actual gobierno, delitos de alto impacto como homicidio doloso, extorsión, robo a negocio y violación alcanzaron máximos históricos, en comparación con el mismo periodo de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
A cuatro meses de que concluya la administración federal, activistas y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), han calificado este periodo como “el más violento en la historia”, tras dar un puntual seguimiento a la incidencia delictiva.
Sin embargo, parece que la agenda de propuestas e iniciativas destinadas a abordar el problema de la inseguridad, el incremento de la violencia y a garantizar un acceso efectivo a la justicia no ocupa un lugar prioritario para aquellos que aspiran a gobernar el país o alguna de las nueve gubernaturas en juego en las votaciones del 2 de junio.
›Así lo demuestra el hecho que de los 32 contendientes consultados por el ONC sobre sus propuestas en materia de seguridad dentro del proyecto Por un México Seguro 2024, incluidos 29 candidatos a gobernador y los tres aspirantes presidenciales, sólo se contó con la respuesta de 12 abanderados.
Por un México Seguro tiene como objetivo principal profundizar en las propuestas relacionadas con seguridad y justicia de los candidatos, abordando aspectos tales como el diagnóstico de la situación actual, la ruta crítica que proponen para la implementación de sus políticas, los objetivos a corto, mediano y largo plazo, los elementos clave para el diseño, implementación y evaluación de dichas políticas, así como los indicadores de resultados que aspiran a alcanzar a lo largo del tiempo.
Sin embargo, de los 12 candidatos que participaron, cinco presentaron una propuesta completa en la materia, lo que representa 15.6% del total. Por otro lado, los otros siete candidatos respondieron de manera incompleta, abarcando así 21.9% del universo contemplado, según lo informado por el ONC.
“En el peor momento de la historia del país, esta falta de participación denota un profundo desinterés en la solución del principal problema que aqueja a la ciudadanía: la seguridad y la justicia”, señaló Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio.
En ese sentido, el especialista en cultura de la legalidad, seguridad y justicia afirmó que la falta de interés y compromiso por parte de aquellos que deberían ser los principales actores interesados en resolver “la crisis de seguridad ciudadana” es también un reflejo de las carencias sustanciales en la formulación de propuestas de seguridad por parte de partidos y candidatos.
Desdén de todos colores
La escasa o nula participación de los candidatos para dar a conocer sus propuestas en seguridad y justicia no fue exclusiva de un partido político o coalición que participa en la contienda.
El primer contacto con los candidatos se estableció a finales de marzo pasado, y la convocatoria permaneció abierta hasta el 26 de abril para que confirmaran su participación.
Y se fijó el 2 de mayo como fecha límite para responder las preguntas del cuestionario de Por un México Seguro.
Una característica destacada es que la mayoría de los aspirantes que participaron “en tiempo y forma” correspondió a candidatos de la oposición. Entre ellos se incluyen los aspirantes de la alianza conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática (PRI-PAN-PRD) en Guanajuato, Chiapas y la Ciudad de México. Entre los ocho aspirantes que no completaron el cuestionario o lo entregaron fuera del plazo límite, se encontraba la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México.
El hecho de haberlo entregado la noche del 21 de mayo, cuando el plazo máximo era el 2 de mayo, no permitió realizar “un análisis exhaustivo” de sus propuestas, aclaró el ONC.
Los aspirantes de Movimiento Ciudadano a gobernar Guanajuato, Yucatán y la Ciudad de México aceptaron participar, aunque no respondieron a los cuestionarios correspondientes.
Entre los 16 candidatos que no aceptaron participar o simplemente no respondieron a la convocatoria se encuentran los aspirantes presidenciales de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, y de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.
A pesar de la escasa participación de las tres candidaturas presidenciales, el Observatorio analizó las propuestas que las y el candidato han hecho públicas a lo largo de la campaña, y encontró coincidencias en al menos tres aspectos que reflejan deficiencias desde el diagnóstico de los problemas por resolver.
En este sentido, el estudio señala que las tres personas que aspiran a gobernar el país no incluyen el tema del fentanilo en sus propuestas.
Tampoco tienen planteamientos para abordar la crisis forense, que se ha agravado con un aumento de 69% en el número de personas desaparecidas y no localizadas durante la actual administración, en comparación con el mismo periodo del gobierno anterior.
En cambio, coinciden en prometer el fortalecimiento de las policías y también aseguran disponer de “recursos interminables” para implementar sus ideas.
NM