En este vertiginoso mundo, donde el cambio climático no es una amenaza lejana sino una realidad palpable, la política pública se erige como nuestra tabla de salvación. Las decisiones que tomamos hoy, o las que evadimos, esculpieron el mundo en el que se desenvolverán nuestras generaciones futuras. Por lo tanto, es crucial que nuestras políticas no sólo sean audaces y visionarias, sino que estén cimentadas en la ciencia y en un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad.
Primero, seamos francos: la legislación sobre cambio climático no es una opción, es una urgencia. La Ley General de Cambio Climático en México y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España son testimonios de cómo los países pueden establecer marcos legales robustos para enfrentar este desafío. Estas leyes marcan la pauta para la reducción de emisiones, fomentan las energías renovables y buscan adaptarnos a los impactos del cambio climático. Pero, adherirse a acuerdos internacionales como el Acuerdo de París debe trascender las promesas; debe manifestarse en acciones concretas y medibles.
La protección del medio ambiente requiere más que buenas intenciones. Necesita políticas que aseguren la conservación de nuestros ecosistemas, la gestión sostenible de los recursos y la prevención de la contaminación. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en México es un paso hacia la protección ambiental. Pero, ¿es suficiente? Claramente no. Se necesita una acción global coordinada que coloque a la naturaleza en el corazón de nuestras decisiones.
La participación ciudadana y el acceso a la justicia son esenciales para una política pública efectiva. El Observatorio del Principio 10 de la CEPAL es un faro de esperanza, promoviendo la participación pública, el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales. Pero debemos ir más allá, asegurando que todas las voces, especialmente las de las generaciones futuras y las comunidades más vulnerables, sean escuchadas y tomadas en cuenta.
En términos de incentivos y regulaciones económicas, es momento de redefinir nuestras prioridades. La eliminación de subsidios a los combustibles fósiles y la implementación de impuestos al carbono son pasos hacia una economía más verde. Estas políticas deben ser diseñadas con cuidado no para perpetuar las desigualdades existentes, sino para facilitar una transición justa para todos.
La educación y la concienciación ambiental son cruciales. No podemos subestimar el poder de una sociedad informada y comprometida. La educación ambiental debe ser una parte integral de nuestros sistemas educativos, preparando a las futuras generaciones para enfrentar y resolver los desafíos ambientales.
El papel de la política pública en asegurar un clima y ambiente sostenible para las generaciones futuras es indiscutible. Pero las palabras deben transformarse en acciones. Las políticas deben ser ambiciosas, basadas en la ciencia y diseñadas con un enfoque de equidad y justicia. Sólo así podremos aspirar a construir un futuro donde todos puedan prosperar. La hora de actuar es ahora; el futuro de nuestro planeta y de las generaciones venideras está en juego. La juventud demanda acción, no mañana, sino hoy. Porque al final del día, ¿qué clase de mundo queremos dejar a nuestros hijos? La respuesta a esta pregunta define todo lo que hacemos. Y en esta encrucijada, no hay lugar para la indecisión.