Con AMLO crecieron los proyectos extractivos
De 761 proyectos existentes, en 434 se generaron conflictos socioambientales, revela informe de la Universidad Iberoamericana
Si bien con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se esperaban cambios en el modelo de desarrollo del país, éstos no han ocurrido y en el territorio mexicano existen actualmente al menos 761 proyectos del llamado “modelo extractivo”, de los cuales 434 causan conflictos socioambientales.
De acuerdo con el informe Estado de la conflictividad socioambiental en México 2017-2021, elaborado por el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana, el Estado mexicano ha defendido desde hace años, y sigue defendiendo, el modelo extractivo con el argumento de que los proyectos “generan oportunidades de empleo, mejores salarios, crecimiento local, garantía de servicios y acceso a nuevas tecnologías, entre otros”.
La realidad es que los polos de extracción en México sólo benefician a unos cuantos, causan profundas afectaciones socioambientales y una “creciente ola de violencia contra las poblaciones que habitan el territorio”; además, profundizan las condiciones previas de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad, escriben los autores del informe.
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Tras la administración de Enrique Peña Nieto, cuyas “reformas estructurales”, hechas en busca de una mayor inversión nacional y extranjera, “flexibilizaron los procedimientos y la legislación para la implementación de proyectos extractivos”, la llegada de López Obrador “generó expectativas en una sociedad que demandaba cambios políticos, económicos y sociales”.
Pero el cambio de rumbo en el modelo de crecimiento no se produjo: “Los hallazgos y las tendencias presentadas en este informe dan cuenta de cómo el extractivismo se ha extendido en el territorio mexicano”, señalan los autores.
Esta expansión se ha encontrado con resistencias, pues al 75% de los proyectos extractivos registrados se han opuesto acciones colectivas, “lo que expresa la inconformidad de las personas que habitan los territorios donde se implementan, así como su capacidad de organización”.
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Las razones que motivan el descontento suelen ser las afectaciones ecológicas, la transgresión a formas y medios de vida locales, así como los impactos en la salud que conllevan estos proyectos.
Sin embargo, “estos reclamos no siempre constituyen un no rotundo al proyecto –agrega el informe–; ya que con frecuencia, son esfuerzos que buscan modificarlo porque ha sido diseñado y pretende desarrollarse sin reconocer a las poblaciones directa e indirectamente afectadas”, se hacen sin consultas previas y debidamente informadas y soslayan los impactos ecológicos.
Según los datos del OCSA, al menos 42% de los proyectos documentados reportan afectaciones ecológicas, sobre todo a la biodiversidad, el agua y el suelo; ya sea de manera directa, con explotación intensiva de pozos o bosques, o indirecta, como sucede con la contaminación del suelo y los cuerpos de agua, entre muchos otros.
En cuanto a los responsables de la violencia, se calcula que en 54.4% de los proyectos el presunto responsable es un agente o grupo no estatal, mientras que en 51.5% el presunto responsable fue una persona o institución de gobierno, “lo que podría constituir una responsabilidad de Estado”. La suma mayor a 100% se explica por aquellos casos con participación de ambos tipos de agresores.
