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En el último año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto aumentaron los malos manejos en los recursos que el gobierno federal destinó a los servicios de salud en los estados, alertó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Al dar a conocer la primera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, el órgano fiscalizador informó que los gobiernos estatales no pudieron comprobar fehacientemente el destino de 4 mil 935 millones de pesos, lo que representa un aumento de 37.4% respecto a las inconsistencias detectadas en 2017, que ascendieron a 3 mil 591 millones.
El reporte de la ASF se da conocer en el marco de una crisis en los servicios públicos de salud del país, que sufren falta de personal, escasez de medicamentos, insuficiencia de equipo y deterioro en los sistemas de mantenimiento debido, en parte, a los recortes presupuestales.
No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido insistente en que la mala situación de hospitales y clínicas se heredó del gobierno anterior.
Los desvíos y malos manejos por parte de los gobiernos estatales atentan contra los objetivos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que en 2018 manejó una bolsa de 95 mil 316 millones de pesos.
El principal objetivo del FASSA es aportar recursos a las entidades federativas para la prestación de servicios de salud a la población que no se encuentra incorporada en algún régimen de seguridad en salud. Las actividades que promueve el fondo son protección contra riesgos sanitarios, promoción de la salud, prevención de enfermedades, mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud, así como el abasto y la entrega oportuna de medicamentos.
“Con los recursos que las entidades federativas reciben del FASSA se busca favorecer la consolidación de los sistemas estatales de salud y con ello coadyuvar al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Además, este fondo busca una mayor equidad en el gasto público otorgado a las entidades”, refirió la ASF.
Las entidades federativas con el mayor monto con inconsistencias son Oaxaca, con mil 446 millones de pesos, y Chiapas, con mil 68 millones, por lo que “es fundamental que dichas entidades establezcan medidas que fortalezcan el control de la gestión de los recursos del fondo, a efecto de lograr el adecuado cumplimiento de sus metas y objetivos”.
Las claves
- Las irregularidades más relevantes detectadas por la ASF son falta de documentación justificativa y/o comprobatoria por 2 mil 155.8 millones de pesos, que representaron el 43.7% del monto total observado. A Oaxaca y Campeche les corresponde en conjunto 78.2% de dicho importe.
- Otra anomalía es la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por mil 92 millones de pesos, que representaron 22.1% del monto con insolvencias. En el estado de Chiapas se observó el 91.5% de dicho importe.
- Una tercera irregularidad son los recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación por mil 74 millones de pesos, que representaron 21.8% del monto sin justificar. A los estados de México, Hidalgo y San Luis Potosí les corresponde el 53.7% de dicho importe.
- Para combatir los malos manejos, la ASF propone “fincar responsabilidades, por medio de los Órganos Internos de Control, para aquellos servidores públicos que no transfieran al ejecutor o desvíen los recursos para objetivos distintos a los del fondo”.
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