De cómo el jefe de la policía creó un reino de terror en Veracruz

Hugo Murrieta podía dibujar cualquier cosa. Cuando se acercaban sus cumpleaños, los niños de la ciudad de Coatepec tocaban a la puerta de la casita en la que vivía con su mamá en la costa del golfo del violento estado de Veracruz. Le decían a Murrieta cuáles eran sus caricaturas favoritas, en su mayoría de las películas de Disney, y él se las dibujaba con mensajes que ponían de adorno en sus fiestas de cumpleaños.

“Nunca les cobraba, sólo les pedía el material”, cuenta su madre, María del Carmen. “Lo hacía porque le gustaba dibujar”.

La señora es famosa en Coatepec por los deliciosos chiles que prepara y vende diariamente desde hace décadas. Todos los días, Murrieta, de 22 años, le ayudaba a su madre a hacer las entregas en todo Coatepec y en la cercana ciudad de Xalapa, la capital del estado, en el taxi que él manejaba de vez en cuando.

Para mala suerte de Murrieta, el taxi estaba en la lista de objetivos de la policía y era blanco de la Fuerza de Reacción que estableció el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, un funcionario que se llamó a sí mismo con el nombre código de Jaguar. En la tarde del 16 de abril de 2013, detuvieron a Murrieta, lo golpearon y nunca se le volvió a ver.

Casi cinco años después, el 8 de febrero de 2018, un juez federal acusó a 31 miembros de la policía del estado, incluyendo a Bermúdez, de la desaparición forzada de 15 personas entre abril y octubre de 2013. Los detalles del caso de Murrieta se dieron a conocer durante una audiencia de más de 13 horas, y aunque no estaba en la lista de los 15 desaparecidos, a estos oficiales se les acusó por su desaparición.

› La administración panista que siguió a Duarte revisó los expedientes existentes y elevó la cifra a unos tres mil 600 desaparecidos entre 2006 y 2016, y ha descubierto muchas tumbas clandestinas, como la de Colinas de Santa Fe, a las afueras del puerto de Veracruz, en donde se encontraron 250 cráneos en 2017.

Los acusados, la prensa y las familias de los desaparecidos escuchaban mientras se leían las declaraciones de dos exoficiales de policía que se convirtieron en testigos del gobierno y las de un hombre que sobrevivió a la detención y tortura a manos de los hombres de Bermúdez. La acusación de la procuraduría general del estado señalaba que durante el periodo de Bermúdez como secretario de Seguridad se implementó una política ilegal y clandestina que implicaba la “violación sistemática de los derechos humanos” porque “detectaba, arrestaba, torturaba y desaparecía mediante el uso de la fuerza a personas presuntamente vinculadas con grupos del crimen organizado”.

En su declaración en su comparecencia, uno de los expolicías que atestiguaron y participaron en el secuestro explicó en detalle cómo la Fuerza de Reacción, bajo las órdenes de Alejandro Trujillo, un subordinado de Bermúdez que utilizaba el alias de Cíber, rodeó el taxi de Murrieta cerca de las 4:30 de la tarde ese día de abril de 2013, justo afuera del Palacio Municipal. Trujillo tenía una lista de números de taxi. El 505 blanco y rojo de Murrieta estaba en ella.

Los oficiales llevaron a Murrieta a un lugar detrás de una gasolinería en donde Trujillo lo interrogó mientras dos de sus hombres lo golpeaban. Trujillo hizo una llamada y dio a sus hombres la orden de llevar a Murrieta a la Academia de Policía de Lencero, en Xalapa, para que lo transfirieran a una unidad especial llamada Los Fieles. Su madre nunca lo volvió a ver.

El procurador general de Veracruz, Jorge Winckler, insiste en que el nuevo gobierno del estado, encabezado por el Partido Acción Nacional (PAN), se comprometió a descubrir la verdad de lo que pasó durante los seis años de gobierno de Duarte. Las desapariciones que se están investigando, dijo en declaración a The Intercept, son más de las de 15 personas que se nombraron en 2013 en las acusaciones en contra de Bermúdez. Muchos casos, como el de Murrieta, siguen abiertos. A la fecha, hay 53 municipios en el estado en los que hay al menos un reporte de que las fuerzas de seguridad del estado presuntamente participaron en las desapariciones forzadas.

“Las investigaciones continuarán hasta que se castigue a todos los que participaron en esta política ilegal y clandestina de desapariciones sistemáticas mediante el uso de la fuerza”, dice Winckler.

Dicen muchas cosas, como que llevaban a muchos de los secuestrados a la Academia, que allí los tenían y los mataban, y que después se los daban a los animales”. Vicky Delgadillo, familiar de desaparecidos en Veracruz

Lucy Díaz, representante de un colectivo de familias de los desaparecidos en Veracruz, considera que los arrestos más recientes apenas son “la punta del iceberg”. Explica que infinidad de cómplices y culpables siguen libres, incluyendo al “peor de todos”, Javier Duarte.

Díaz dice que a menos de que sea acusado por las desapariciones forzadas, “Duarte va a salir de la cárcel con su dinero ya todo lavado, con su dinero limpio”. “Esta es la peor desgracia”, agrega.

Los colectivos de familias en duelo como la de Díaz llevan años organizadas, investigan casos y realizan búsquedas de sus familiares por todo el estado porque no confían en las aseveraciones del gobierno. Cuando concluyó el gobierno de Duarte, su gobierno sólo reconocía la desaparición de 524 personas en Veracruz.

La letanía de abusos que presuntamente cometieron las fuerzas estatales de Duarte va más allá de las desapariciones. Sus fuerzas de seguridad operaban un centro de detenciones ilegal afuera de la Academia de Policía de Lencero, que además albergaba un zoológico lleno de animales exóticos. Allí realizaban arrestos, interrogatorios, y desapariciones con eficiencia implacable y sin preocupación por el debido proceso.

En octubre de 2013 se dio a conocer que la Academia de Policía funcionaba como un centro de detención ilegal cuando por error se llevó a allá a Jaqueline Espejo, una policía de caminos de Veracruz, quien fue torturada durante varios días. Según el testimonio de los testigos, el equipo de Trujillo detuvo a Espejo cuando terminó su turno y subió al taxi de Andrés Aguilar, que estaba en la lista de objetivos de la policía. Según la acusación, Los Fieles dejaron que Espejo saliera de Lencero si se “olvidaba del taxista”. Nunca se volvió a saber de Aguilar.

En enero de 2014, los cuerpos de Gibrán Martiz, concursante de “La Voz México”, y su amigo de 17 años, aparecieron en un puente con señales de tortura. Habían desaparecido 13 días antes, junto con un tercer amigo, después de que la policía realizara un cateo sin orden judicial en su departamento de Xalapa. El padre de Martiz investigó el caso de forma independiente y dice que las coordenadas finales del GPS del teléfono del cantante marcaban Lencero.

Lencero funcionaba como una especie de secreto abierto. El gobierno de Duarte remodeló el viejo edificio al principio de su administración, amplió y remodeló las instalaciones y le añadió algunos detalles, como el zoológico de animales exóticos de Bermúdez, quien supuestamente tenía cuatro cocodrilos, un león y, por supuesto, un jaguar.

Vicky Delgadillo, quien lleva años buscando a su hija Yunery en ranchos, panteones y zonas silvestres, ha oído rumores aterradores del zoológico.

“Dicen muchas cosas, como que llevaban a muchos de los secuestrados a la academia, que allí los tenían y los mataban, y que después se los daban a los animales”, dice Delgadillo.

Yunery desapareció el 28 de noviembre de 2011. Es una de las 13 jovencitas que desaparecieron de Xalapa en un periodo de tres días. Se dice que algunas de ellas fueron a fiestas en ranchos con funcionarios del gobierno y personajes del crimen y que desaparecieron porque sabían demasiado.

“Es algo inhumano, imperdonable. Si Bermudez hizo esto y lo hizo con sus policías…”, continúa Delgadillo.

Las declaraciones de los dos testigos que se presentaron en el juicio de Bermúdez, junto con el testimonio de Espejo, presentan un oscuro cuadro de las operaciones al interior de las fuerzas de seguridad de Duarte bajo la dirección de Bermúdez.

El 22 de septiembre de 2012 las autoridades federales arrestaron a 35 oficiales de la policía de Veracruz que supuestamente trabajaban con Los Zetas. Poco después, según los testigos, Bermúdez tuvo una reunión con policías de al menos ocho unidades diferentes de todo el estado.

Bermúdez explicó el nuevo protocolo que no daba cabida a la clemencia. Uno de los testigos recuerda: “Pendejos, si tienen familiares, amigos o conocidos que tengan relación con Los Zetas, repórtenlos. Y si entre sus compañeros hay personas relacionadas con el crimen, repórtenlos o tráiganlos con Los Fieles a la academia porque a mí me importa un carajo”.

Se crearon dos equipos de la Fuerza de Reacción. Uno estaba bajo el mando de Trujillo, o El Cíber, y el otro bajo el de un comandante llamado Mario Durán. Cada equipo trabajaba en turnos de 24 horas y, según un testigo, recogían unas 15 personas al mes.

Cuando arrestaban a un sospechoso, lo llevaban a algún lugar para interrogarlo y torturarlo; a las mujeres las violaban sistemáticamente. Una de las desaparecidas era una joven de 17 años llamada Cecilia de la Cruz, quien fue violada por varios miembros de Fuerza de Reacción, incluyendo a El Cíber, según la denuncia que se hizo en la policía. Un testigo también declaró que El Cíber sentía predilección por las mujeres transgénero, a quienes detenía para interrogar y luego violar.

Una vez que concluía el interrogatorio, el líder del equipo llamaba a Bermúdez, o a alguno de sus subalternos directos para decidir si el acusado era transferido a Los Fieles en Lencero. Uno de los testigos calcula que llevaban alrededor de cinco personas al mes a los Fieles. Él recuerda personalmente que su equipo transfirió alrededor de 50 personas. Fuerza de Reacción tenía poca relación con Los Fieles, grupo que encabezaba Roberto González Meza. Cuando transferían detenidos, el testigo señala que Los Fieles siempre iban enmascarados y encapuchados. Según el gobierno de Duarte, Los Fieles no existían. Nunca aparecieron en el presupuesto de gobierno; sin embargo, ambos testigos señalan que recibían salarios mucho más altos que los policías normales.

Los Fieles mantenían en celdas a los detenidos en una zona apartada del Lencero, conocida como “El Búnker”. Allí se realizaban más interrogatorios y se les torturaba, y después se les desaparecía. Otro testigo expolicía, quien trabajaba en otra parte de la academia señala que oía hablar a Los Fieles de llevar a gente a “Laguna Negra”. El testigo declara que “Laguna Negra” era la palabra código de la Barranca de Aurora que está en los alrededores y que es una zona de bosques con acantilados profundos y cañones escabrosos a las afueras de Xalapa.

Grupos de búsqueda encontraron los restos de cerca de 15 personas en la Barranca de Aurora en enero de 2016, pero hasta la fecha, sólo una pequeña fracción de la zona se ha revisado.

Carlos Saldaña ha participado en decenas de búsquedas durante los últimos años e incluso ha bajado a rappel por un acantilado de la Barranca de Aurora. Los dos hijos de Saldaña, Karla y Jesús, desaparecieron en 2011. El coche que manejaban lo encontraron después en manos de un expolicía.“Durante ese gobierno no sabías de quién cuidarte. Había que tener más cuidado con las autoridades que con los criminales”, dice Saldaña.

Parece que el gobierno federal empezará a tomar con seriedad las desapariciones en Veracruz. Una fuente policial de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que en mayo su unidad juntará esfuerzos con investigadores del estado para realizar búsquedas en Barranca de Aurora y otras zonas.

“Tenemos que empezar a encontrar los cuerpos porque las familias están hartas. Tenemos que encontrar a los responsables en todos los niveles”, dice el detective, quien solicitó no ser identificado pues habló de una investigación abierta. Él busca cuerpos en todo México.

“Estas cosas no sólo pasan en Veracruz. También suceden en Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, en muchos estados de México. Pero como este caso implica al gobernador, todos los ojos miran hacia Veracruz”.

Alberto Olvera, un investigador de la Universidad de Veracruz, publicó recientemente un reporte sobre el autoritarismo y la violencia en Veracruz en lo que llamó “una guerra irregular”.

“Cabe destacar que en Veracruz ha habido una serie de ciclos distintos en la forma en que se da esta relación entre el gobierno, las fuerzas policiales y el crimen organizado”, dijo Olvera. Y explicó que, si bien el tiempo de Herrera fue “la era” de Los Zetas, el gobierno de Duarte “permitió” la entrada de otro grupo a Veracruz para eliminarlos. En septiembre de 2011, 35 cuerpos fueron arrojados a un camino en la ciudad costera de Boca del Río con una manta en la que se anunció la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una escisión del Cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán. La manta, según se reportó, decía: “Esto es lo que les va a pasar a todos Los Zetas de mierda que se queden en Veracruz. Hay un nuevo patrón”.

La gente entonces comenzó a desaparecer en gran cantidad.

“Como siempre sucede en este tipo de guerras, hay muchas víctimas inocentes”, dijo Olvera, destacando los pobres y más vulnerables, los vigías (halcones), los narcomenudistas y las mulas. “(En esto pagan) muy pocos de medio nivel y mucho menos jefes?