La disparidad en la participación de las mujeres en la administración pública persiste, lo que contraviene el artículo 41 constitucional que instruye al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los 32 gobernadores a integrar gabinetes con una inclusión del 50 por ciento.
Mientras que la representación en el gabinete de López Obrador es de apenas el 40%, al ocupar las mujeres ocho de 20 secretarías; a nivel estatal la participación se reduce al 9%, pues solamente dirigen 46 de 524 instituciones.
“A casi tres años de la aprobación de la reforma de paridad total, persisten los techos de cristal en la administración pública, pues las mujeres siguen estando subrepresentadas en las secretarías y dependencias del Ejecutivo”, señala el informe “La paridad de género en las secretarías y dependencias del Ejecutivo a nivel federal y local”.
Según la publicación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, “otro fenómeno ligado a la simulación y a la persistencia de los estereotipos de género en la distribución de las responsabilidades políticas y administrativas es que las mujeres siguen estando excluidas de las dependencias con mayor injerencia política y presupuesto, como en el caso de las secretarías generales de Gobierno, en donde sólo hay siete mujeres”.
“En contraparte, su presencia es significativamente mayor en carteras con menor presupuesto, o bien ligadas a los trabajos de cuidado, como la educación y la salud”, se compara.
Sólo seis entidades cumplen con el principio de paridad de género, al tener un gabinete con el 50% de participación de mujeres: Chiapas, Colima, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Puebla.
El mayor rezago se observa en Aguascalientes, en donde ellas tienen liderazgo en sólo el 12.5% de las instituciones, Durango (14.3%) y Guanajuato (15.4%).
De acuerdo con el documento, la resistencia a que las mujeres ocupen cargos deriva de la falta de mecanismos constitucionales para garantizar la observación del principio de paridad de género, así como sanciones para evitar el incumplimiento o procedimientos de censura en los cargos por parte del Congreso.