Treinta sanciones administrativas contra servidores públicos relacionados a lo en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, donde 22 civiles fueron asesinados por fuerzas castrenses, son los primeros resultados arrojados por la Inspección General de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de México (Igispem)
“Hay varias destituciones, me parece que son siete u ocho destituciones y hay algunos funcionarios que van a ser suspendidos”, explicó el Secretario General de Gobierno, José Manzur, al hablar de funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM).
“En los 30 casos hay algún tipo de sanción, 7 u 8 destituciones y 22 personas que van a ser suspendidas por algún tiempo, algunos por un mes, algunos por más tiempo, es por el asunto de Tlatlaya, funcionarios de la Procuraduría que fueron en algún momento acusados de algo y ya el Igispem manifestó las primeras 30 sanciones”, detalló el funcionario estatal.
Manzur informó que dos de las mujeres que sobrevivieron a los hechos pero fueron torturadas, ya han sido indemnizadas de acuerdo a lo contemplado por la ley.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno mexiquense en octubre de 2014 por el actuar de los servidores públicos de la PGJEM, entre peritos, ministerios públicos y policías ministeriales.