En el segundo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto se diseñó, entre el gobierno y ciudadanos, el Sistema Nacional Anticorrupción que integraba al Estado para prevenir, frenar y castigar estos actos. Debía construirse de manera paulatina, pero aún ni siquiera está completo.
Estructuralmente faltan los magistrados de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, última instancia para revisar estos casos, y el Comité de Participación Ciudadana.
En cuanto a las herramientas se ha avanzado, pero falta algo fundamental: que se integre a todas las instituciones de gobierno a la Plataforma Digital Nacional, que es la médula para la información de inteligencia que permite prevenir y detectar muchos de los actos de corrupción.
Si bien son muchas las áreas de gobierno las que intervienen en el Sistema y en la construcción de la Política Nacional Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública es uno de sus ejes.
La llegada de Roberto Salcedo Aquino —quien todavía debe ser ratificado por el Senado de la República— a esta dependencia ofrece una nueva oportunidad para encaminar el Sistema, por su profundo conocimiento de la administración pública, especialmente en su desarrollo y evaluación.
“Conoce del esfuerzo que ha significado el Sistema Nacional Anticorrupción. No llega por la lealtad por un líder político, sino con una carrera administrativa de varias décadas, y aunque tenga esa lealtad, se puede trabajar con él y confiamos que así sea”, consideró Jorge Alberto Alatorre Flores, único integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
›En entrevista con ejecentral, reconoció que ha sido un camino complicado en el que el CPC ha tenido que defenderse para tener presencia en el Sistema. Aunque no quiso decir que hay retraso, sí aceptó que se “podría ir mejor” en toda su implementación.
Confió en que en este mes, es decir, en unos cuantos días, el Comité de Selección, que también es ciudadano elija a los otros cuatro integrantes del CPC para darle cuerpo a este órgano que es el componente ciudadano dentro del andamiaje del sistema. Si esto no sucede tendrá que recurrir nuevamente a un amparo para que se cumpla con la ley.
Y le faltará al Senado nombrar las dos magistradas o magistrados que faltan en el Tribunal.
Si este sistema se hubiera implementado hace 20 años, ejemplificó, México en este momento viviría una realidad muy distinta en el tema de corrupción. Hay avances añadió Alatorre Flores, como la homologación de las leyes en los estados, la mitad de los comités instalados y la creación del nuevo formulario para las declaraciones de los servidores públicos, pero mucho falta más.
Aunque esto no será ni “rápido ni fácil ni barato”. En el contexto de las experiencias internacionales exitosas, los tiempos se cuentan por décadas para transformar un sistema, por eso hablar de que en México “el control de la corrupción nos puede llevar fácilmente una o dos décadas”, no es un tiempo excesivo, de allí que no hay que detenerlo, alertó.
Por ejemplo, un punto medular en el que se ha trabajado es la supresión de espacios de riesgo de corrupción dentro del ejercicio de gobierno, “son cuestiones que quizá no son tan espectaculares como la caída de un gobernador u otro, sin embargo a mediano y largo plazo tienen un mayor impacto que la mera búsqueda de sangre”.
“Los resultados prácticos no están asociados con la expectativa generalizada que tenemos en nuestra sociedad de que el avance contra la corrupción funciona en la medida de la cantidad de personas que tenemos encarceladas. Efectivamente el combate a la impunidad es muy importante, sin embargo la métrica de progreso tiene que ver con las dinámicas y los procedimientos administrativos que tienen un alto grado de corrupción. En la medida que vayamos cancelando estas avenidas de corrupción estas posibilidades de corrupción, en esa medida podremos medir los avances”, detalló.
En paralelo debe abatirse la impunidad en este tema, pero ese ámbito, aseveró Alatorre Flores, va rezagado y esto se debe a la falta de expertos en detectar delitos de cuello blanco y hace falta “una mayor independencia de las fiscalías (anticorrupción), para que la detección y la persecución de los mismos no dependa de tentaciones políticas”.
Se cuestiona que en esta administración se esté haciendo mayor número de contratos por adjudicación directa, si bien esto es cierto opinó, porque es un retroceso en la concentración del poder e implica que no hay cambio respecto al pasado.
Ante las constantes críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Sistema y las resistencias de algunas dependencias, se le preguntó si hay voluntad para construir estos mecanismos que incidan en las políticas públicas, y respondió:
“Una vez que se encuentra dentro de la ley, debe ser inmune al voluntarismo, de la voluntad o no. No debe de implicar un impulso o un freno a lo que ya tenemos que hacer por ley. Sin embargo, tampoco podemos ser ilusos, efectivamente la disposición de los gobiernos a colaborar o a obstaculizar también va a pesar en la balanza del ritmo al cual vayamos avanzando en algunos momentos.
“En algunos años quizá esta disposición será mas clara; sin embargo la prueba de los sistemas no se encuentra cuando todo funciona bien o cuando son bienvenidos u ovacionados, sino cuando enfrentan dificultades ante diferentes percepciones de lo que es combatir la corrupción. Esto es particularmente difícil cuando una administración en particular se supone con el monopolio para enfrentar este problema en el país, es un problema social, es un problema estructural, y una presidencia o una administración no bastan para enfrentarlo, se requiere de todo el poder del Estado y de la sociedad mexicana”.
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