A cinco años de haber formado oficialmente la paz, la Justicia Especial para la Paz (JEP) vuelve a tener en la mira a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en esta ocasión por reclutar a menores de edad para su levantamiento armado.
El tribunal encontró que en los 18,667 casos de menores enrolados, al menos 5,691 de ellos tenían menos de 14 años. “Las FARC reclutaron y utilizaron sistemáticamente, para el desarrollo del conflicto armado, a niños y niñas de este rango de edad, contrariando sus propias disposiciones”, sostuvo la JEP en un comunicado. Y a la gravedad de involucrar a niños en conflictos armados se suman las violaciones a su integridad, ya que en el caso de las niñas, tambien sufrieron abortos forzados y “acceso carnal violento”, según información y testimonios recopilados por la autoridad.
Hasta el momento, 26 excombatientes se han presentado para dar testimonio voluntario, y podrían ser juzgados por “crímenes internacionales”, entre los que se incluye desaparición forzada, homicidio y violencia sexual, todos asociados al reclutamiento de menores.
“Instrumentalizar a niños y niñas en el conflicto causó dolor en la sociedad colombiana”, declaró el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, en una conferencia de prensa para dar a conocer los avances de la investigación en Bogotá. Los casos abarcan desde 1996 a 2006, que es cuando se registra un mayor número de niños enlistados en el cuerpo armado, pero podría contemplar años posteriores, ya que tan sólo en el año 2013, se reclutó a 1.766 menores.
Y aunque el acuerdo de paz firmado en 2016 establece que los involucrados que acepten su responsabilidad y reparen a las víctimas puedan recibir penas alternativas a la prisión, el reclutamiento de niños en la guerrilla va en contra de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
El escándalo de la presencia de menores entre los soldados y guerrilleros no es el único que pone a las FARC bajo la lupa, ya que a inicios de año, la Justicia Especial para la Paz sometió a juicio a ocho altos mandos por el secuestro de 21,396 personas entre 1990 y 2016, y más recientemente, varios exmilitares enfrentaron la justicia por el asesinato de 6,400 civiles que fueron presentados como bajas en combate a cambio de beneficios.