Después de más de un año y 10 meses de permanecer preso en el Centro Correccional Metropolitano, en Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al juez Brian M. Cogan que sea en otoño del próximo año cuando inicie el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Proceso que estiman llegue a prolongarse unas ocho semanas.
Los fiscales estadounidenses reiteraron su petición ante la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn de mantener las pruebas y toda la información referente al caso de García Luna bajo la protección de la Ley de procedimientos de información clasificada (CIPA por sus siglas en inglés), quien está acusado de conspiración, narcotráfico y declaraciones falsas.
“Específicamente, puede existir material clasificado que podría estar sujeto a divulgación antes del juicio según las reglas, estatutos y jurisprudencia aplicables. La divulgación de dicho material plantearía cuestiones de seguridad nacional que la Corte debería abordar antes de que se proporcione material a la defensa (de García Luna)”, argumentaron los fiscales en un memorándum presentado en la Corte neoyorquina el martes 19 de septiembre.
Desde el 10 de diciembre de 2019, cuando fue detenido García Luna, hasta la fecha, se han acumulado una serie de dudas y cuestionamientos en torno al caso. Aunque el Departamento de Justicia refrendó ante el juez el poseer “más de un millón de páginas de documentos y voluminosas comunicaciones interceptadas y grabadas”, contra el exfuncionario mexicano; los fiscales estadounidenses también reconocieron que continúan a la espera de recibir más pruebas como parte de los tratados de asistencia legal mutua con otros países, y aunque los fiscales no señalan directamente a algún país en el oficio enviado al juez, la respuesta de colaboración a México para que aporte información al respecto se ha mantenido a la fecha prácticamente en la nulidad.
“El gobierno también está esperando respuestas de citaciones pendientes. Además, ha presentado solicitudes tratados de asistencia legal mutua (MLAT por sus siglas en inglés) de pruebas extranjeras. Aunque el gobierno ha recibido alguna información receptiva, está esperando respuestas adicionales”, indica la fiscalía en el oficio enviado al juez de la Corte de Distrito de Nueva York.
Aunado a esto, en México se han puesto en evidencia las contradicciones entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues aunque se trata de casos distintos, el juicio penal que se sigue en Nueva York y los casos de las autoridades mexicanas, al final podrían entorpecer al caso estadounidense.
Lo anterior porque mientras la FGR ha informado que investiga a García Luna por delitos de conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales, cohecho, y contra la salud, entre otros; la UIF ha presentado una denuncia civil en una Corte de Florida, acusando al exfuncionario de haber desviado y triangulado recursos públicos a través de transferencias en paraísos fiscales.
Es decir, los bienes que supuestamente pertenecen a García Luna tendrían orígenes distintos de acuerdo a las dos dependencias; mientras la FGR lo considera sospechoso de ayudar al cártel de Sinaloa y de allí el origen de su presunta fortuna, la UIF lo acusa de ser un servidor público que se benefició de su posición.
El dato. Desde el 10 de diciembre de 2019, hasta la fecha, se han acumulado una serie de dudas y cuestionamientos sobre el caso.