El pasado jueves 20 de mayo, por fin, y después de varios años fue publicada la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR), siendo la última institución integrante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en integrarse al modelo requerido para el manejo del sistema jurídico penal adversarial, previsto en la Constitución desde el 2008.
En la nota al pie de página, de esta columna, hice referencia al trabajo de evaluación que la organización de sociedad civil “México Evalúa” hizo respecto de la transición que han tenido las procuradurías a fiscalías. Los resultados apuntan a una mala implementación del nuevo modelo de procuración de justicia a nivel federal, lo cual se corrobora con la demora de la ley antes citada; y que estará en un pausa, hasta en tanto se complete el proceso de publicación del Reglamento de la LOFGR.
Por lo pronto, como ya se había advertido la Fiscalía General de la República, dejó de lado muchos de los compromisos internacionales vinculados con temas de Derechos Humanos, entre ellos su participación en el sistema de búsqueda de personas desaparecidas entre otras. La perspectiva de género también es algo que en no se aprecia en la LOFGR. Quizá es por ello que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, anunció que interpondrá la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de la instancia federal de procuración de justicia.
Nota al pie de página:
Dice el dicho explicación no pedida acusación manifiesta; lo refiero ya que me preocupa que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que estar comunicando vía redes sociales que son un poder autónomo y que los jueces no dejaran de cumplir con su función; palabras más palabras menos.
