La lupa del Sistema de Administración Tributaria (SAT) no ha cesado de buscar dinero para el Gobierno y está decidida a que los grandes contribuyentes paguen presuntas deudas de impuestos mal declarados y que hacen un daño a la Cuenta Pública.
Según Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, los grandes evasores amparados en el Poder Judicial han evitado el pago de alrededor de 80 mil millones de pesos. “El actuar de los jueces o magistrados del Poder Judicial ha evitado el avance de los juicios o procesos penales, generando retraso en la impartición de justicia y, por lo tanto, impunidad”, acusó el fiscal durante su participación en la conferencia desde Palacio Nacional.
El funcionario explicó que han presentado las denuncias y querellas, y que en términos del procedimiento, la audiencia inicial no debería tardar más de 15 días en suceder desde la solicitud, pero los jueces no agendan, y han tardado hasta 18 meses para iniciarse. Una vez que llega la fecha, la difieren una y otra vez, lo que impide sancionar y recuperar el dinero público, acusó.
Según el empleado público, de obtener ese dinero, mejorarían los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro o la Pensión de Adultos Mayores. Asimismo se tendría más obra pública, no obstante, se ha pagado más dinero por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, lo que también es un perjuicio a los apoyos y obras gubernamentales.
PUEDES LEER: Contribuyentes recibieron correos extraños del SAT; alertan por posible fraude
El fiscal mencionó que se han integrado 17 asuntos de grandes contribuyentes, quienes adeudan a las arcas más de 55 mil millones de pesos, pero exhibió que “los jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia, pues en 14 de estos 17 casos no se ha permitido que se realicen las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales, obstaculizando así, por lo menos la recuperación de 54 mil millones de pesos de todos los mexicanos”.
Denunció que otro de los casos en donde existe impunidad es en una empresa del Bajío, la que dañó al erario por más de 300 millones de pesos, pero el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la ley.
Aunque no menciona nombres, el funcionario acusó a una empresa de gran tamaño con presencia nacional que, abusando de su gran estructura corporativa, ha implementado estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que obligue a un pago de más de 25 mil millones de pesos de los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2013.
“Estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados, desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios. Y en particular, en los últimos ocho meses el ministro Luis María Aguilar Morales, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa pidió al pleno de la suprema corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada”, manifestó Medina Padilla.
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado una cruzada en contra del Poder Judicial, ya que considera que no sólo obstaculiza la labor de Hacienda y el SAT, sino las funciones de su administración y los proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación.
SIGUE LEYENDO |
SAT reporta a medio millón de contribuyentes al Buró de Crédito