Cuando se dice con airada contundencia que el país se está militarizando a poca gente le queda claro que significa esa frase que, de suyo estridente, es en realidad una advertencia de consecuencias concretas y palpables, que ya empiezan a sentirse y advertirse. Vea usted.
La primera: En los últimos días, se produjo un jaqueo a la SEDENA, vulnerando no sólo los datos que sobre personas concretas y en misiones y adscripciones específicas se tenían registradas, sino que, por ello y otros detalles, se vulnera la seguridad nacional. El presidente de la República le concedió poca importancia al hecho, sin advertir que esa circunstancia ponía en riesgos lamentables, la posición estratégica del gobierno respecto de temas que iban desde la salud de su comandante supremo, el presidente, hasta la adscripción en lugares de conflicto en donde hay infiltrados en los grupos delictivos o en las bandas de tráfico de drogas y personas.
Al ser cuestionado sobre el particular, el presidente desestimo lo que ahí habría con su conocida frase de que quien nada debe, nada teme. Para sus huestes eso debió haber sonado bonito, el problema es que el ejército si ha cometido actos fuera de la ley y de dudosa probidad ética y de transparencia administrativa. Por igual están registrados ahí gastos en el Felipe Ángeles, como en otras obras que su comandante supremo les ha encargado, sin que medie transparencia, reporte de gastos e información de contratos y adscripciones presupuestaria, reinando -hasta ahora- la opacidad y la sospecha de grandes negocios cometidos por los militares en la realización de las órdenes recibidas.
Al respecto, el presidente -su jefe supremo- no ha tenido la atingencia de pedir cuentas, buscar responsables o recibir una explicación de porqué pudieron ser vulnerados y poner a los responsables bajo el yugo de la ley para señalar a quienes pudieron haber fallado en sus tareas y en sus responsabilidades. El presidente, entonces se vuelve un parapeto para los militares y un encubridor de responsabilidades de quien manda y quienes debieron haberle demostrado responsabilidades y responsables. La pregunta es obligada ¿Quién manda, el presidente o el secretario? O son cómplices los dos.
Segunda: el ejército espía a periodistas y miembros de organizaciones civiles. Digo espía, porque para hacer inteligencia se necesita la anuencia de una juez que dará permiso durante 6 meses para hacer ese trabajo. Lo demás es espionaje. Necesita según la ley, la anuencia justificada y motivada de la autoridad judicial y la comisión bicameral deberá recibir los informes de lo que quien haga trabajo de inteligencia y, por lo tanto, deberá informar a dicha comisión, mientras el juez deberá mantenerse en secreto. El ejército ha obviado ese trámite y ha decidido con o sin la anuencia de su comandante supremo vigilar y espiar a personas que se perciben contrarias al gobierno o el régimen. Nada que pueda uno desdeñar o no preocuparse por lo que a nuestras vidas cotidianas significa.
Tercero: la legislatura del congreso, derivado de los detalles anteriormente mencionados y a propósito de la división de poderes y los contrapesos implícitos, le pide al general secretario que comparezca ante el congreso para explicar que significa el jaqueo y que significan los actos de espionaje reportados. El secretario con una actitud inexplicable e injustificable se niega y los invita a su oficina. Si quieren verme, dice él, aquí en mi oficina, si no, yo no tengo porque ir al congreso, fuera de ley y fuera de política democrática.
El militarismo es en resumen eso: los militares estamos por encima del presidente, nuestro comandante supremo y estamos por encima por nuestro congreso. Nada más, pero nada menos también.