Simón Vargas

“Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres probar su carácter, dales poder.”
Abraham Lincoln

La lucha contra la corrupción se ha convertido en uno de los principales distintivos del gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y si bien no es un problema reciente sí es uno de los que más lastima a la sociedad mexicana, es por ello que su erradicación no sólo traerá un mayor crecimiento económico y social para el país, sino que además podría significar la posibilidad del restablecimiento de la confianza en las instituciones públicas principalmente en las de seguridad y procuración de justicia.

La corrupción al igual que una enfermedad terminal desgasta y consume de a poco, de tal manera que ha contaminado áreas vitales para la gobernabilidad de México, como: la transparencia de las administraciones gubernamentales, la eficiencia económica, la rendición de cuentas y la confianza en los organismos, lo que a su vez impacta negativamente en la legitimidad política de todo el país.

Este fenómeno ha acompañado a la sociedad desde tiempos remotos, muchas preguntas surgen en torno a él, ¿cómo eliminarlo? ¿Por qué continuar apostando por el camino del pago de sobornos? o ¿Por qué abaratar la legalidad? Podría creerse que la batalla debería librarse en gran medida en el interior de las instituciones, sin embargo, aunque no queda duda que el combate a la corrupción requiere voluntad e integridad políticas, para identificar aquello que perjudica, casi siempre es necesaria la visión externa; por ello es que la participación ciudadana y la denuncia se convierten en los únicos caminos para, en conjunto, poner un freno cada vez más necesario.

De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 a excepción de dos entidades federativas, Baja California Sur y Querétaro; las restantes 30 presentaron más del 80% de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su estado. El trámite con mayor número de experiencias de corrupción fue el contacto con las autoridades de seguridad pública con un 59.2% y el costo a consecuencia de este hecho ascendió a 2,244 millones de pesos, lo que representó 1,294 pesos promedio por persona afectada.

La encuesta antes referida hace un análisis no sólo sobre la repercusión de la corrupción, sino que además evalúa la confianza en las instituciones, trámites, pagos y calidad de los servicios públicos, y en muy pocos rubros la población ha dado a las diversas entidades números aprobatorios, lo que nos invita a reevaluar las acciones de cada instancia administrativa.

Podría creerse que bajo el contexto en el que vivimos este tema es una cuestión cultural, sin embargo, el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 (IPC) emitido por la organización no gubernamental Transparency Internacional en donde se evaluaron 180 países en una escala de 0 a 100, más de dos tercios de los países obtuvieron una puntuación menor a 50, y el promedio es de sólo 43 puntos; desafortunadamente, los datos demuestran que pese a algunos avances, la mayoría de las naciones todavía son incapaces de reducir la corrupción de forma efectiva en el sector público.

Pocos cambios han surgido con respecto al tema ya que, en los últimos 8 años, solo 22 países mejoraron significativamente sus puntuaciones en el IPC, y en este mismo periodo, se redujeron de forma sustancial las puntuaciones en 21 países, entre ellos Canadá, Australia y Nicaragua. En el resto de los 137 países, los niveles percibidos de corrupción mostraron poco o ningún cambio.

Es por ello que hoy 9 de diciembre que se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción no sólo se deben replantear los compromisos sociales, sino que además es necesario analizar que frente a una crisis como la que vivimos es probable que este desafío aumente, por lo que la integridad juega un papel crucial. 

Este valor consiste en hacer lo justo, en el momento adecuado y por la razón correcta; es un reto para todos, pero sobre todo debe ser una meta; porque tanto los servidores públicos, las instituciones y la población debemos tener como objetivo primordial la vocación de servicio y de actuar en los momentos de mayor dificultad. 

Es indudable que el ámbito de la administración pública en las últimas décadas se ha convertido para la sociedad civil en sinónimo de corrupción, de apatía o de insolencia; y aunque a veces es complejo oponerse a la inercia de aquellos que han optado por abandonar los valores, actualmente es necesario que sean más los honestos, los responsables y los justos, para evitar así a toda costa vender nuestro futuro, porque los líderes están hechos de integridad.

Actuemos con honestidad, respeto y ética; pero sobre todo busquemos hacer el bien incluso cuando consideremos que nadie nos observa, porque la grandeza de cada individuo no está en cuanta riqueza obtiene en el camino de la vida, sino en la capacidad de inspirar positivamente a quienes que lo rodean.

*Analista en temas de Seguridad, Justicia, Política y Educación. 
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