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Jonathan Nácar

Hoy por la mañana, en tres ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a pronunciarse sobre el caso de corrupción de Emilio Lozoya, luego de que el exdirector de Pemex fue exhibido cenando en el restaurante Pilar del Hunan.

Cuatro horas después, la dependencia emitió una nota informativa para defender a su testigo y sostener que no ha infringido las medidas cautelares que emitió el juez, a partir de lo que solicitó la propia Fiscalía, y que no incluyó arraigo domiciliario ni prisión preventiva.

Será hasta el 3 de noviembre, explicó la FGR, que se venza el plazo para presentar las pruebas en su defensa. “Los procesos en contra del acusado (Lozoya) y de quienes recibieron los sobornos continuarán con la transparencia que se ha llevado en este caso”, sostuvo la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero.

El Presidente ya sabía lo que argumentó la Fiscalía, que no era ilegal la asistencia del exdirector de Pemex a un restaurante de lujo, pero sí un “acto de provocación” e “inmoral”, calificativos que mostraron el malestar de López Obrador.

Incluso debió insistir que se fiaba de Gertz Manero, pero aún así lo llamó a informar sobre el caso. “Tengo confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero y espero que alcance el tiempo, y que todo esto se aclare y se haga justicia. Desde luego que también, como todos los mexicanos, y además como lo exige la ley, tiene que haber justicia pronta, expedita. Pero yo espero que la fiscalía informe cómo va el juicio”. 

Y la Fiscalía respondió, en menos de cuatro horas, a la petición del Presidente. Fue a través de una “nota informativa” de cinco párrafos y 310 palabras, en la que aseguró que Lozoya ha denunciado “a sus cómplices y encubridores” por los casos de corrupción de Odebrecht y Agronitrogenados.

“Con fechas 28 y 29 de julio de 2020, el juez de control del Reclusorio Norte sujetó a proceso al imputado, señalándole como medidas cautelares, la colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte. Dicho Juzgado, hasta el día de hoy, no ha reportado que la persona haya infringido las medidas impuestas por la autoridad judicial”, señaló la dependencia.

Javier Coello Trejo, exabogado de Lozoya, aseguró que, de las acusaciones del exdirector de Pemex sobre los sobornos a legisladores, él (Emilio) no le presentó ninguna prueba, por lo que sugirió al Presidente que pida más información sobre el caso.  

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