Para el presidente Andrés Manuel López Obrador los mil 775 días que el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo suma al frente del gobierno de Morelos “lo está haciendo bien”. Sin embargo, en términos futbolísticos, los números oficiales y los golpes a las instituciones de los últimos días, han puesto en evidencia la crisis de justicia, inseguridad y violencia por la que atraviesa la entidad ameritaría una tarjeta roja directa para el morenista.
Un claro indicador es el índice de violencia homicida, pues entre 2021 y 2022 se alcanzaron en el estado las mayores tasas de víctimas de homicidios dolosos por cada 100 mil personas al menos desde 2015.
Al registrar tasas del 56.42 y 56.34 respectivamente. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en ese periodo en la entidad se registraron al menos tres muertes violentas en promedio diario y en total se acumularon 2 mil 400 víctimas de homicidio y feminicidio.
De la inseguridad en las calles que incluye el asesinato de funcionarios se escaló al caos institucional. En hechos sin precedentes en la historia del país, primero se detuvo y mantiene preso al fiscal general de una entidad, en este caso Uriel Carmona; luego, el edificio de la Comisión estatal de Derechos Humanos fue atacado con disparos de grueso calibre, y días después el Pleno del Tribunal de Justicia morelense comenzó el trámite para destituir a su presidente, ante las posibles faltas graves que ha cometido contra la transparencia y la administración de justicia, lo que llevó al magistrado Luis Jorge Gamboa Olea tramitar un amparo contra la mayoría de sus compañeros para frenar su salida.
“Se debe entender en el contexto de lo que ha pasado en los últimos meses. A finales del año pasado una diputada de la oposición fue asesinada (Gabriela Marín) saliendo de comprar leche para su bebé que acababa de nacer, en una calle muy transitada de Cuernavaca; tuvimos noticia de la detención del fiscal general con esta invasión de las autoridades de la Ciudad de México extendiendo su jurisdicción, violando el artículo 121 constitucional que lo prohíbe para venir capturarlo y llevárselo preso; existe la situación del Tribunal donde magistrados han denunciado que el Presidente de ese Tribunal, el magistrado Jorge Gamboa, los ha presionado para decidir asuntos basándose en consideraciones que no son ni la razón ni la ley, sino políticas o de otra naturaleza, algo que se tiene que investigar y demostrar, pero el simple señalamiento genera este clima tan enrarecido de crisis institucional de Morelos; hace pocas semanas se han hecho públicas intimidaciones a medios críticos; este fin de semana hubo un ataque directo a un medio de comunicación llamado El Choro, un ataque directo a sus oficinas; y ahora el ataque directo a las oficinas de la Comisión, en la que la fachada es de cristal y es donde están los cubículos de los visitadores que son el pilar de la institución. Esto no es un evento aislado”, advirtió en entrevista con ejecentral el presidente del organismo defensor de derechos humanos, Israel Hernández Cruz.
Para el ombudsperson morelense, también presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos no hay duda, “hay un estado de ingobernabilidad en Morelos”.
Y no es el único que lo cree. “Considero que derivado de las acciones tanto nacionales como locales ya podremos dejar en el pasado en la historia el hablar de atentado al Estado de Derecho, yo considero que ya ha sido violado, y lamentablemente esto sí nos pone en una situación de incertidumbre”, dijo el magistrado Francisco Hurtado quien ahora forma parte del Pleno del Tribunal de Justicia de la entidad y antes fue presidente del Tribunal Electoral morelense.
“Todos los que vivimos en Morelos, y lo digo como ciudadanos salimos a las calles con un temor de inseguridad que se vive, por no haber prevención, por no haber actuación inmediata, por en lugar de atender temas de relevancia andan jugando golf, andan jugando futbol, y la verdad considero que ha faltado una seriedad y una responsabilidad al cargo que a cada quien se nos han asignado.
“Desestimar que Morelos está bien, desestimar que en Morelos el Ejecutivo está laborando bien es una ofensa a la inteligencia de los morelenses”, aseveró.
Y es que existen elementos para suponer, han dicho siete de los 12 magistrados del tribunal, que su presidente Luis Jorge Gamboa Olea está al servicio del Ejecutivo, de allí que pidan destituirlo en un hecho sin precedentes en la entidad.
Justicia a la carta
En abril pasado la juez Alejandra Trejo Reséndiz liberó a Luis Alberto “N”, llamado El Diablo, un presunto feminicida de tres jóvenes. La razón que esgrimió la juzgadora fue que se basaba el caso en que se autoincriminaba el acusado. El caso llegó al tribunal y un magistrado, Carlos Iván Arenas, no estuvo de acuerdo con el proyecto de resolución que confirmaba el fallo de la juez, y fue entonces que el Presidente del Tribunal le pidió cambiar su voto.
“Llego a la audiencia y recibo una llamada del Presidente del Tribunal, no puedo contestar porque estaba en audiencia, le pido a mi auxiliar que conteste la llamada y le diga al Presidente que estoy en audiencia. Me entero después que mi auxiliar, por mutuo propio,
subió a Presidencia para avisar y le pidieron que se esperara, y me mandó (Gamboa) un papelito y el papelito me decía ‘le pido reconsidere su voto’.
“Después fui llamado por él a su oficina y allí me dijo que era un asunto de la Mesa de la Reconstrucción de la Paz y que se lo había pedido el almirante (José Antonio Ortiz Guarneros). Le dije ‘te pueden pedir muchas cosas, pero esto es sentencia, esto es mi función y discúlpame no puedo atenderlo’”, relató el magistrado Arenas, quien reconstruyó la charla con el presidente del tribunal:
-“Quiere que te llame el gobernador”, le dijo Jorge Gamboa.
“Pues así me llame el Papa… Jorge discúlpame, pero yo no voy a cambiar el sentido de mi voto”, respondió Arenas.
“Es que va a evidenciar a la institución”, insistió el magistrado Presidente.
“Yo te dije que no defendieras a esa juez y mira lo que es el destino, me llegó a mi el caso, ahora que reviso esa toca, que a mi sí me tocó, te puedo decir que hay una cuestión muy grave en la que se está incurriendo como institución, no se trata de una autoincriminación y se trata de algo que está muy raro que está ocurriendo y que tú estás defendiendo”, expuso el magistrado Arenas antes de retirarse.
“Está en riesgo el sistema de impartición de justicia en Morelos por un Presidente que aparece en varios asuntos tratando de influir en las decisiones de los jueces y de los magistrados”, alertó el magistrado Carlos Iván Arenas, quien en sus 29 años de ejercicio ha denunciado varios casos de corrupción en el Poder Judicial local, pero que esta es la primera vez que pone una denuncia en la fiscalía anticorrupción por la persuasión que intentó Gamboa Olea ejercer a su voto para favorecer a un presunto asesino.
¿Cómo queda la justicia en este momento?, se le preguntó al magistrado en entrevista con este periódico.
“Dentro de la institución hay buenas personas, yo diría que son los más, sin embargo está en riesgo el sistema de impartición de justicia con una persona con estos antecedentes. Es un grave atentado contra la autonomía y la independencia de los juzgadores lo que el pretendió realizar hacia mi persona. Yo lanzaría la siguiente pregunta: si eso se lo hace un par, a un magistrado, qué no estará haciendo con los jueces. Entonces la sociedad está en riesgo, los justiciables están en riesgo, porque cómo le vas a ganar al juez, en manos de estas personas me parece que está altamente en riesgo el sistema de impartición de justicia en Morelos”.
Las muertes no cesan, crecen
Las más de 2 mil víctimas mortales registradas entre 2021-2022 representan
18 % de las 13 mil 630 que se acumulan desde que Blanco Bravo tomó posesión como gobernador -el 1 de octubre de 2018-, al primer semestre de 2023. De las cuales 13 mil 411 corresponden a víctimas de homicidio doloso y 219 de feminicidio.
La violencia en contra las mujeres en Morelos, como en el resto del país, se han agudizado en la actual administración. En 2019, primer año completo del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, se alcanzó la mayor cantidad de víctimas de feminicidios.
No obstante, organizaciones civiles como Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH) han evidenciado la disparidad en las cifras oficiales, ya que en 2022 contabilizaron 107 feminicidios en 2022, la mayor cantidad de mujeres asesinadas por razón de género de los últimos 22 años. Pero el SESNSP sólo registró 24 víctimas ese año.
En el primer semestre del año en curso Morelos se ubica como la sexta entidad con más feminicidios, y seis de sus municipios dentro de los 100 con las mayores tasas de ese delito por cada 100 mil mujeres. Y en junio, Morelos alcanzó la mayor tasa de feminicidios a nivel nacional. En el mismo lapso la entidad resulta la decimosegunda entidad con la mayor cantidad de mujeres asesinadas en el país, con un total de 43 víctimas de homicidio doloso.
Pero no sólo las muertes violentas se han incrementado. Tras la escalada en la incidencia delictiva con la que cerró en 2017 su último año de gobierno el entonces gobernador Graco Ramírez, los indicadores delictivos en la entidad han ido en aumento con la llegada del actual mandatario.
Precisamente en 2019, Morelos registró las más altas tasas de víctimas de secuestro y extorsión que se hayan registrado en la entidad en al menos los últimos ocho años, y en total en ese año se contabilizaron un total de 94 víctimas de secuestro y 188 de extorsión.
Lo anterior, sin considerar que la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 estimó que la cifra negra (delitos que no se denuncian) en Morelos alcanza el 93 % de la incidencia.
Aunado a que, con base en su más reciente medición, el nivel de percepción de inseguridad de la población morelense se ubica en el 80 %, es decir que ocho de cada 10 personas consideran que vivir en la entidad es inseguro o temen ser víctima de algún delito.
Según el Índice de Paz México 2023 el año pasado Morelos se ubicó entre las seis entidades con las mayores tasas de homicidios dolosos del país, superando el índice de asesinatos de Sonora y por debajo de Colima, Zacatecas y Baja California. Ubicándose junto a Guanajuato entre los cinco estados “menos pacíficos”, según el informe del Instituto para la Economía y la Paz.
El mismo estudio destaca que por octavo año consecutivo del índice, Morelos registró la tasa más alta de violencia sexual a nivel nacional, al sumar una tasa de 724 casos por cada 100,000 habitantes, tres veces más que el promedio nacional.
Entre herencias e investigaciones
“Yo creo que está haciendo bien las cosas el gobernador (Cuauhtémoc Blanco). Y vamos a seguir apoyando, vamos a seguir apoyando (…) Estamos bien con Cuauhtémoc. O sea, nosotros quisiéramos que todos nos aplicáramos más, todos debemos aplicarnos más, pero se está trabajando en Morelos”, aseguró el presidente López Obrador el pasado 27 de julio al ser cuestionado sobre el desempeño del exalcalde Cuernavaca.
Aunque tanto para el gobernador como para el presidente de la República el hecho se debe a las ‘herencias’ de administraciones anteriores.
En ese sentido, el presidente López Obrador señaló al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, de quien refirió que a pesar de contar con investigaciones abiertas en su contra sostuvo que era un “protegido por el Poder Judicial federal”.
Nueve días después el aún funcionario fue detenido en su casa de Cuernavaca por la Fiscalía General de la ciudad de México con apoyo de la Marina por presuntamente haber entorpecido la investigación en el caso de Ariadna Fernanda, hallada muerta a finales de 2022 en territorio morelense.
Aunque la defensa del aún fiscal sostiene que Uriel Carmona no debió ser detenido al contar con la inmunidad procesal que le concede el fuero constitucional de su cargo y que el delito de “retardo de la justicia en las investigaciones” por el que un juez lo vinculó a proceso el domingo pasado no amerita la prisión preventiva que se le impuso. Para el presidente López Obrador la detención fue “legal”.
“No, no es ninguna persecución (…) Simplemente este caso lo traían desde hace mucho tiempo lo que pasó con este feminicidio. Yo no sé cómo está la situación, dicen que cambiaron los peritajes entonces por eso está pasando esta situación, pero no es una persecución, esto venía desde hace tiempo”, señaló públicamente el gobernador Cuauhtémoc Blanco cinco días después de la detención del fiscal.
Y es que minutos antes de ser detenido el viernes pasado, el fiscal Uriel Carmona acusó directamente a la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, e incluso al presidente López Obrador y otros funcionarios federales de haber ‘fraguado’ su detención para quitarlo del cargo y con ello desaparecer las investigaciones que la fiscalía mantiene en contra del gobernador.
“Esto es una operación ordenada por Claudia Sheinbaum, por Ernestina Godoy, y seguro con el respaldo del presidente de la República para quitarme del camino y proteger a Cuauhtémoc Blanco porque en la fiscalía de Morelos tenemos varias carpetas de investigación en contra del gobernador”, acusó Carmona Gándara en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, minutos antes de entregarse voluntariamente a los agentes ministeriales.
Lo cierto es que la inédita detención fue criticada desde diversos sectores como la Comisión de Derechos Humanos del estado, el Congreso local e incluso la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) al señalar la probable violación al debido proceso, a la presunción de inocencia y los derechos humanos en general del fiscal Uriel Carmona, quien permanece recluido en el Reclusorio Sur de la CDMX.
“Con objetividad e independientemente del nombre que tenga el fiscal, en este caso, o cualquier otro, se puede decir que se ha cometido una violación a la ley porque el fiscal tiene fuero y fue totalmente desconocido”, señaló el monseñor Ramón Castro, secretario general de la CEM al advertir que con la captura y vinculación a proceso de Uriel Carmona “se ha pisoteado la Constitución; se está violando nuestra Constitución”.
Respecto al ataque armado en contra de las instalaciones de un medio de comunicación local, y la sede de la Comisión de Derechos Humanos estatal donde el lunes pasado se contabilizaron nueve impactos de arma de grueso calibre, luego de que el organismo denunció las probables violaciones a los derechos humanos del fiscal Carmona. El gobernador de Morelos calificó los hechos como graves y se deslindó de los mismos.
“La verdad es que es grave lo que pasó. Ojalá y se investigue porque ahora resulta que quieren echarle la culpa al gobierno del estado. Ya se los dije yo no soy ningún perseguidor, ni un asesino, ni llego a ese grado de salvajada, a lo mejor el anterior (gobernador) lo hacía, pero nosotros no llegamos a esos grados, porque gracias a Dios tenemos una familia y no llegamos a esos grados”, aseguró Cuauhtémoc Blanco al día siguiente de los ataques.
Cuentas pendientes
Pese a que el mandatario ha insistido en que la detención del fiscal Uriel Carmona no tiene tintes revanchistas o políticos para frenar las diversas investigaciones que tanto a nivel estatal como federal se han abierto sobre él. A la fecha no ha sido citado a comparecer por alguna de las denuncias e indagatorias abiertas, pero que no han prosperado.
La pugna que desde el inicio de su gobierno han evidenciado el gobernador y el fiscal general puso al descubierto las pesquisas que la fiscalía estatal como la FGR por supuestos vínculos por el crimen organizado. Derivado de la denuncia que legisladores de oposición interpusieron tras la filtración en enero del año pasado de fotografías donde se ve al mandatario estatal con presuntos líderes criminales de la entidad.
Por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado se encuentran en etapa de investigación e integras al menos tres carpetas de investigación en contra de Blanco Bravo por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, ejercicio indebido del servicio público, entre otras irregularidades detectadas en su gestión.
Entre ellas destaca la denuncia de Gerardo Becerra Chávez de Hita, quien hasta septiembre de 2021 se desempeñó como asesor en anticorrupción para el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, pero decidió renunciar a su cargo como de manera irrevocable “por razones personal y congruencia”, al advertir cuestiones ilegales.
Según los hechos denunciados por quien en la campaña de Blanco fungió como “comisionado ciudadano anticorrupción”, las vacaciones que por 15 días se tomó el gobernador y su familia en Brasil, sin previa autorización del Congreso ni la designación de una autoridad suplente para ejercer las atribuciones de gobierno implicaron una falta que debe ser investigada no sólo por las omisiones sino por los recursos públicos que probablemente se ejercieron para ese “viaje de placer”.
Sin embargo, desde el gobierno del estado se informó que el mandatario utilizó recursos propios y que formó parte de un periodo de receso como suelen tomarse otros mandatarios, y en su ausencia la suplencia legal recayó en el entonces secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas.
“El que se lleva se aguanta ¿eh? Y yo tengo miedo de nada. El señor anticorrupción que siga investigando. Estoy en la mayor disposición, que investiguen mis cuentas en Estados Unidos, obvio sí tengo porque trabajé dos años y medio en Chicago, no tengo miedo de nada, que sigan investigando porque no hay nada que esconder”, replicó en abril del año pasado el gobernador respecto a las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito, falsificación de documentos y fraude procesal, entre otros.
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