Dieciocho días de caminata, la búsqueda de refugio para descansar, dormir un poco, conseguir algo para comer y seguir la ruta; para Mauricio Magaña, migrante de origen salvadoreño, este tiempo que le llevó trasladarse desde Tapachula, Chiapas hasta el albergue “Hermanos en el camino” en Metepec, estado de México le pareció una eternidad.
Ha sido como una pesadilla que se repite una y otra vez, aunque nunca es lo mismo, porque como el propio Mauricio asegura: “cada vez es más peligroso para uno”. En esta ocasión, el originario de una pequeña localidad en el Departamento de La Unión tuvo que retomar fuerzas e intentar “subir” a la frontera, luego de que en 2020 lo deportaran desde Estados Unidos.
“No es fácil, nunca es fácil y menos cuando la vida te pone esas pruebas que, aunque no entiendes, tienes que superar porque hay gente que depende de ti”, señaló Mauricio al compartir que sus hermanas y sobrinos pequeños esperan que pueda cruzar de nuevo y conseguir un trabajo, pues, aunque su hijo David Emerson ya cumplió 18 años, en casa aún necesitan de su respaldo económico.
Más que por la necesidad económica, Mauricio —actualmente de 44 años—, mantiene presente el motivo que lo obligó a salir de su hogar, y aunque evade detallar las razones, con la voz entrecortada lamenta que, luego del asesinato de su padre y su hermano, sufrió la separación con su esposa. Tras ser deportado hace tres años, ahora no cuenta con los recursos suficientes para llegar a la frontera e intentar cruzar de nuevo.
Por esa razón, y desde hace siete meses, se ha mantenido acogido en la parte del taller mecánico que el señor Armando Vilchis Vargas convirtió en un refugio seguro para los “hermanos en el camino”, como el mismo nombre del albergue de la colonia Pilares en Metepec, el cual suele padecer de apoyos gubernamentales, lo que se agravó desde la llegada de la pandemia.
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Negocios y cocinas de la zona se solidarizan con la causa de don Armando para llevar alimentos y comida para las personas que llegan y se mantienen en el albergue por algunas semanas o hasta meses.
Bajo un techo de lámina, pero en espacios divididos entre hombres y mujeres, se ubican las camas y literas donde los visitantes en tránsito intentan recuperar fuerzas para retomar su trayecto hacia el norte del país.
“He trabajado de chofer, en la construcción, fontanería (plomería) y poniendo tabla roca, pero aquí (en México) me lo pagan como si estuviera en el país y no, la cosa es que allá (en Estados Unidos) todo eso es mejor pagado, por eso en cuanto pueda me voy pa´arriba”, confía Mauricio, quien ya cumplió su séptimo mes de estancia en el albergue.
Quienes vieron la oportunidad para intentar llegar “arriba” fueron una pareja de hondureños con un hijo, y una familia de guatemaltecos con tres pequeños que, en medio de las festividades decembrinas, optaron por salir del albergue, contó Eder, un guatemalteco de 38 años, y señaló que la Navidad y Año Nuevo elevan mucho el precio de los vuelos, pero también los riesgos para su traslado.
“En estas fechas es más difícil llegar (a la frontera) porque todo sube y los boletos de vuelos y camiones salen carísimos; se pone complicado cuando vas en familia porque hay menos gente para atender los permisos. Hasta estaciones y albergues llegan a cerrar porque se van de vacaciones. Yo por eso mejor me aguanto un rato acá para ver luego qué sale”, aclara.
La crisis sin fin
Aunque tanto Mauricio como Eder cuenten con el apoyo de lugares como “Hermanos en el camino” y otros albergues —que aún en las fechas de vacaciones mantienen sus puertas abiertas—, en otros sitios abunda la desesperación y la impotencia por la demora o falta de atención y resolución de sus peticiones en estaciones migratorias y de atención a refugiados.
Ese fue el reciente caso ocurrido en el tercer día del mes en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tapachula, Chiapas donde la protesta de al menos tres mil migrantes —en su mayoría haitianos africanos y centroamericanos—, subió de tono cuando una mayoría de las personas, incluyendo familias con hijos, irrumpieron en sus oficinas para exigir la pronta atención de sus solicitudes y la falta de apoyos con los trabajos que otorga temporalmente el gobierno.
La colectiva desesperación de solicitantes de la condición de refugiado no es un tema menor, ya que el 2022 fue el segundo año con la mayor cantidad de solicitantes de refugio de al menos la última década con un total de 118 mil 478 peticionarios, luego de que el 2021 cerró con un registro de 129 mil 793 solicitantes.
Datos de la COMAR, que ha externado la insuficiencia de recursos para agilizar la atención de las solicitudes, indican que el año pasado Honduras, Cuba, Haití y Venezuela aportaron poco más del 67 % del número de peticiones de los 10 países principales con el mayor número de solicitantes, con un registro que osciló entre 14 mil y los 30 mil peticionarios.
Además de que se rompió una nueva marca en cuanto al número de solicitantes originarios del resto de países fuera del top 10, el cual alcanzó las 18 mil 874 personas al finalizar 2022.
“Al cierre del 2022, la COMAR registró en las entidades federativas del sur de México de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo el 82.46% del total de solicitantes de la condición de refugiado en el país”, detalló Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la comisión, cuyas oficinas en Tapachula retomaron sus actividades a mitad de la semana, luego de la violenta protesta en exigencia de la ausencia de orden y atenciones del gobierno.
Pero otra crisis con dimensiones muy similares a las de la frontera sur es la que se mantiene al alza en las ciudades de frontera norte entre México y Estados Unidos, donde una inmensa mayoría se concentra en las personas indocumentadas que quedan varadas del lado mexicano de la franja, luego de ser expulsadas por autoridades estadounidenses, cuyo número de casos se advierte que despuntaría durante este 2023.
Fue a finales de diciembre pasado cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos congeló la suspensión de la norma conocida como el “Título 42”, cuya aplicación fue impulsada en el gobierno de Donald Trump como una medida que de manera exprés autorizaba la expulsión masiva de migrantes, tomando como pretexto las medidas de protección contra los contagios de Covid, lo cual fue señalado por organizaciones civiles e instituciones como una clara violación del derecho internacional.
A la par de las inclemencias que trae consigo la permanencia de dicha política migratoria, el desmedido aumento en la cantidad de migrantes venezolanos se podría incrementar en la frontera norte del país, tal y como anticipó recientemente un representante conjunto entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (IOM por sus siglas en inglés) sobre el pronóstico de aumento de migrantes provenientes de ese país.
“No se había tenido una presión de migración venezolana hacia el norte para poder llegar a Estados Unidos, como se tuvo en este 2022, y probablemente crezca en 2023”, advirtió Eduardo Stein, representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM en una entrevista publicada en La Voz de América en los primeros días del año. Así, señaló que la migración venezolana ha variado con la suma de personas en movilidad de otras nacionalidades.
En el marco del anuncio que esta semana hizo el presidente Joe Biden sobre sus intenciones de abordar el fenómeno de la seguridad migratoria en una visita a la frontera entre su país y México, varias de las personas de Venezuela que han quedado varadas en territorio mexicano tras ser expulsadas de Estados Unidos perfilan sus esfuerzos para solicitar asilo, pero del gobierno canadiense.
Aunque desde finales del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que darían el apoyo suficiente para los migrantes de Venezuela estacionados tanto en municipios de la frontera norte como en el sur, la realidad es que el número de detenciones y expulsiones de personas migrantes se mantiene con una tendencia en aumento, y aún sin finalizar el año pasado ya implicaba cifras récord.
Datos de la Secretaría de Gobernación indicaban que hasta noviembre pasado, el número de migrantes detenidos en el país ascendía a los 388 mil, equivalente a un incremento por arriba del 113 % al comparar las 182 mil 940 personas migrantes detenidas en todo 2019.
Además de que en los cuatro años que lleva la actual administración, ya son más de 969 mil extranjeros capturados, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto el número total de migrantes aprehendidos ascendió a los 820 mil 214.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos alcanzó el año anterior una cantidad inédita de detenciones al contabilizar 2.76 millones de indocumentados detenidos.
›En el caso de México, la misma información de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob que encabeza Alejandro Encinas Rodríguez precisó que de los más de 388 mil migrantes detenidos —alrededor del 15 %— correspondía a menores de 18 años, y un 9 % fueron menores de 12; además de haber concretado en el año las deportaciones también conocido como “retorno asistido” de arriba de 98 mil personas, de las cuales 90 % procede de Centroamérica.
El miércoles, al presentar un análisis de la migración indígena “Una mirada a través del retorno migratorio involuntario desde Estados Unidos a México, 2015-2021”, la dependencia informó sobre la estimación de que mientras se incrementa el número de migrantes detenidos, Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los estados que concentran cerca del 70 % de la población indígena migrante repatriada desde Estados Unidos.
En ese sentido, la Segob informó que entre 2015 y 2019 se contaba con un registro de 92 mil 851 deportaciones o “devolución” de personas migrantes mexicanas hablantes de alguna lengua indígena, con un promedio de 18 mil 570 eventos cada año en ese lapso, en los que el 83.7 % de las personas indígenas devueltas fueron hombres y el 16.3 mujeres.
También, más del 66 %, del total de migrantes deportados se ubicaba en el rango de edad de entre los 15 a 29 años.
Pese al creciente descontento de la población migrante que busca refugio o agilizar sus trámites de asilo o de regularización migratoria, así como los riesgos y la falta de oportunidades a los que se enfrentan miles de migrantes —quienes en muchas ocasiones logran sobrevivir con el apoyo de albergues o centro comunitarios—, el Presidente aprovechó el inicio de año para destacar el papel que desempeñan los trabajadores paisanos en territorio estadounidense.
“Tenemos un pueblo muy trabajador, los trabajadores de la construcción de México son los más demandados en Estados Unidos. Hay migrantes, que todos son excepcionales, todos los migrantes del mundo son seres excepcionales, que merecen profundo respeto, pero los migrantes mexicanos son de lo mejor, responsables, trabajadores, no olvidan a sus familiares”, declaró esta semana el mandatario, en vísperas de la visita al país del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte a celebrarse el 9 y 10 de enero.
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