Magistrada radioactiva

La sanción para Mónica Soto por violar esta norma sería ridícula: hasta 800 días de salario. Eso lo paga con su salario, pero el asunto no es económico sino político y el problema no sería para la magistrada sino para el gobierno federal. Si se decidiera ofrecerle un premio de consolación, como se ha manejado en la conversación digital, la propia administración estaría actuando en contra de una norma vigente que tiene un sentido político claro y un objetivo de pulcritud elemental. El solo anuncio de su renuncia ya dejó en claro cuál es la fama pública de Mónica Soto. Si se le incorporara al gobierno actual, en cualquier posición, el escándalo sería mucho mayor que las manifestaciones de repudio atestiguadas hasta ahora y focalizadas solo en su persona. En esa hipótesis, el objetivo de los reclamos no sería la magistrada sino la Presidencia. Por eso, porque Mónica Soto no vale un escándalo así cuando todavía no acaba el ruido, ni de las listas de Luisa Alcalde, ni de los lineamientos para defender a las audiencias, parece muy improbable que se concrete su llegada a cualquier una sede consular, por pequeña que sea, y menos a una embajada.