Con un total de 869 ataques contra servidores públicos estatales y municipales entre 2018 y 2023, México es el segundo país del mundo con mayor violencia política, reveló un informe del Proyecto de Datos sobre Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).
Las agresiones contra las autoridades más cercanas a la población civil en México, sólo son superadas por Myanmar, un país que vive bajo una dictadura militar tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 y que contabiliza mil 087 ataques contra gobernadores, alcaldes y concejales.
Los números de México superan los 782 ataques en Filipinas y los 322 de Ucrania, un país que se encuentra en medio de una guerra tras la invasión rusa, y cuyos alcaldes han sido víctimas de secuestros y asesinatos a manos del Ejército de Rusia, ello sin contar con las autoridades que han perecido en los bombardeos.
El estudio de ACLED señala que los funcionarios locales son atacados de manera rutinaria por una amplia gama de actores armados, desde cárteles que libran guerras territoriales en México hasta las fuerzas de ocupación rusas en Ucrania.
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“Estos ataques se perpetran para restringir, intimidar o castigar a los administradores civiles que supervisan la prestación de servicios, la seguridad pública y otras funciones gubernamentales. Sus consecuencias incluyen socavar la cohesión social y desalentar la participación en la vida pública de las comunidades afectadas”, señala la investigación.
De acuerdo con la base de datos del ACLED, los años con más reportes de ataques contra autoridades locales en México han sido 2018 (con 202 agresiones), 2022 (182) y 2021 (174). Por estado, la violencia contra funcionarios locales es más marcada en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Chiapas y Guanajuato.
Si bien las disputas entre cárteles de la droga son un factor que alimenta la violencia política, el estudio de ACLED subraya que existen otros factores, tales como las disputas locales, la competencia de las élites y los mecanismos de protección débiles para los funcionarios públicos locales.
Existe la creencia de que los grupos del crimen organizado usan la violencia para influir en los resultados de las elecciones y beneficiar a los candidatos afiliados, a cambio de garantías de que las fuerzas del orden y los grupos criminales rivales no interferirán en sus actividades.
Sin embargo, destaca la investigación, “las rivalidades entre las élites políticas también son un factor importante de violencia contra los funcionarios locales”. Aunque rara vez son procesados e identificados, “se cree que algunos políticos utilizan los servicios de ejecutores no partidistas para amenazar o atacar a sus oponentes”.
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