La batalla por contener la violencia y evitar el colapso democrático en Ecuador enfrenta múltiples desafíos y tras el asesinato de uno de los ocho candidatos y las nuevas amenazas a otros contendientes a unos días de la elección, obliga al Estado a develar qué tan profunda es la vinculación de políticos y autoridades con el auge de los cárteles en el país, especialmente los mexicanos.
El uso de las redes sociales por parte de los grupos del crimen organizado para fijar posturas y mandar mensajes a aliados y enemigos, puso al descubierto el manejo político con el que los asesinos del candidato presidencial Fernando Villavicencio buscan que sea “resuelto” el caso.
Después de la espontánea autoincriminación de un grupo de encapuchados fuertemente armados que mediante un video aseguraron ser la banda de Los Lobos, asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y los perpetrados del magnicidio del miércoles en Quito, dio indicios de posibles sospechosos.
Pero ante la réplica de otros autodenominados Lobos, pero con el rostro descubierto y sin armas, para deslindarse del asesinato de quien días antes denunció las amenazas de muerte que recibió de José Adolfo Macías Fito, líder de la banda de Los Choneros, ligados al cártel de Sinaloa. La incertidumbre se agudizó.
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Sin embargo, el hecho de que dos de las principales mafias ecuatorianas vinculadas directamente con las dos principales organizaciones criminales en México y a escala internacional, pero antagónicas, pone sobre la mesa de las autoridades el investigar el origen de la estrategia mediática y política con la que los grupos criminales pretenden controlar la situación.
Mientras los encapuchados autonombrados como Lobos, además de reivindicarse el homicidio y acusar de corrupto a Villavicencio, en su mensaje aprovecharon para lanzar amenazas de muerte en contra del también candidato presidencial Jan Topic, quien va aumentando en preferencias en las encuestas en las últimas semanas y que anunció que por respeto a Villavicencio y “por la seguridad” de su equipo suspendía sus actos de campaña a escasos 11 días de las votaciones que el 20 de agosto se llevaran en un estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso.
Los auto señalados como miembros de Los Lobos mostraron sus rostros y pidieron no dejarse engañar, pues al contrario de los otros, aseguraron cumplir con “la paz” y pidieron a las autoridades investigar y dar con los verdaderos responsables que “atentan contra la seguridad del Estado”. Con el cada vez más evidente control que tienen los cárteles mexicanos en ese país a través de las mafias y grupos locales aliados, pero lo que no se ha investigado es la probable relación que tendrían autoridades, políticos y funcionarios en las pugnas por el control de los mercados ilícitos en la impunidad agudiza cada vez más los niveles de inseguridad y violencia. Apenas quedó al descubierto la protección de autoridades carcelarias con estos grupos que operan desde esos centros.
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Con Villavicencio se contabilizan otras dos víctimas mortales en el marco del actual proceso electoral. El primero fue el asesinato del candidato a la Asamblea Nacional, Rider Sánchez, ocurrido el 17 de julio en la provincia costera de Esmeraldas. Mientras que una semana después, el 24 de julio fue acribillado Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta que apenas en febrero fue reelegido con 60 % de los votos, pero al ser el puerto de ese municipio un punto estratégico para las operaciones de los cárteles, el magnicidio del alcalde Intriago está siendo investigado por la probable autoría del CJNG.
De acuerdo con las investigaciones ecuatorianas la supuesta orden de asesinar a José Adolfo Macías “Fito”, señalado por Villavicencio de amenazarlo de muerte, detonó las inéditas masacres al interior de las prisiones de ese país, que tan sólo en octubre pasado cobraron la vida a
15 personas y más de veintena resultaron heridas.
“Lo sucedido en Guayaquil y Esmeraldas muestra claramente los límites a los que la delincuencia organizada trasnacional está dispuesta a traspasar. Estos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el gobierno y contra los ciudadanos”, advirtió el presidente Guillermo Lasso por los motines en prisiones y los atentados con coches bomba.
Tras la detención de seis hombres de origen colombiano señalados como posibles sospechosos del crimen del candidato, el presidente Guillermo Lasso anunció el apoyo que solicitó al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés), que designará una delegación para contribuir en las investigaciones.
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