Caso Ayotzinapa: detienen en Guerrero al director de Tránsito de Iguala por delincuencia organizada

Autoridades federales detuvieron en Guerrero a Mauro Antonio Mosso Benítez, quien se desempeñaba como director de Tránsito y Movilidad Municipal de Iguala, por su presunta relación con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

De acuerdo con información de fuentes federales, al funcionario lo investigan por delincuencia organizada y por el presunto uso de un teléfono celular que pertenecía a uno de los normalistas desaparecidos el 27 de septiembre de 2014.

La captura se suma a las acciones recientes que mantienen abiertas las investigaciones del caso Ayotzinapa, uno de los expedientes más relevantes en materia de derechos humanos en México.

¿Cómo fue la detención del director de Tránsito de Iguala?

El operativo se realizó alrededor de las 04:00 horas en el fraccionamiento Villas del Rey 2, en Iguala, Guerrero.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), quienes actuaron de manera coordinada.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron diversos objetos, entre ellos:

• 1 arma corta
• 1 arma larga
• Cartuchos
• 1 cargador
• Presunto narcótico
• Teléfonos celulares

Tras la diligencia, el personal federal colocó sellos con la leyenda de inmueble asegurado en la vivienda del funcionario.

Hasta la noche previa a su detención, Mosso Benítez continuaba en funciones como titular de Tránsito municipal. La unidad oficial que utilizaba permaneció estacionada frente al domicilio intervenido.

¿De qué se le acusa en el caso Ayotzinapa?

Las autoridades señalan al detenido por haber utilizado un teléfono celular que pertenecía a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa el día de la desaparición.

La imputación forma parte de las líneas de investigación que buscan esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

La Unidad Especializada en la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UILCA) mantiene abiertas las indagatorias para determinar el grado de responsabilidad del funcionario y deslindar posibles vínculos con otros implicados.

Las autoridades federales continúan recabando pruebas para evitar la impunidad en el caso.

Gobierno de Iguala fija postura tras la detención

El Ayuntamiento de Iguala informó que, tras la detención del director de Tránsito, las operaciones del área continúan con normalidad bajo la coordinación de un encargado.

En un comunicado oficial, la administración municipal señaló que respetará los procedimientos judiciales en curso y que actuará conforme a los principios de legalidad e institucionalidad.

El gobierno local aseguró que mantendrá la prestación de los servicios de vialidad y tránsito con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad vial en la demarcación.

Hasta el momento, el municipio no ha anunciado el nombramiento de un relevo definitivo en el cargo.

Extradiciones y nuevas acciones en el caso Ayotzinapa

El pasado 27 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que solicitó al gobierno de Estados Unidos la extradición de personas recluidas en ese país que podrían estar relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria declaró:

“La solicitud, que se ha hecho varias veces, de personas que queremos que envíen de Estados Unidos a México, de extradiciones que queremos que ocurran. Algunos tienen que ver con el caso Ayotzinapa, que personalmente se lo pedí al secretario de Estado, Marco Rubio, y que todavía no se ha dado. Seguimos insistiendo”.

La declaración confirma que el gobierno federal mantiene gestiones diplomáticas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Aseguran Semefo y funerarias en Iguala por investigación de Ayotzinapa

Como parte de las diligencias, el 9 de octubre de 2025 la Fiscalía General de la República aseguró las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y las funerarias El Ángel y Rueda en Iguala.

En el operativo participaron agentes federales, elementos del Ejército Mexicano y personal de la SSPC, quienes colocaron sellos por posibles delitos de desaparición forzada y contra la salud.

Las autoridades investigan la posible utilización de hornos crematorios para la incineración de cuerpos, una hipótesis que ha sido analizada en etapas previas del caso.

El aseguramiento de los inmuebles busca impedir la manipulación de documentos, restos y expedientes mientras continúan las investigaciones federales.

¿Qué sigue en el proceso legal?

Mosso Benítez quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que determinarán su situación jurídica en las próximas horas.

La FGR continuará las diligencias para establecer su posible participación en los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El caso permanece abierto y bajo investigación federal.