La SCJN pone nuevas reglas para combatir la extorsión en México: Esto decidió sobre las leyes estatales
La SCJN se impuso paró en seco a varios estados como Tabasco y Baja California Sur en materia de extorsión.
Con aplausos y consignas, trabajadores del Poder Judicial despidieron a los ministros de la SCJN en su última sesión extraordinaria.
/Suprema Corte de Justicia de la Nación
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión establecer los tipos penales, sanciones y reglas generales relacionadas con el delito de extorsión en México.
El Pleno de la Corte invalidó diversas disposiciones de las leyes de Tabasco y Baja California Sur, al considerar que los congresos locales no pueden crear, modificar o reproducir normas propias sobre la extorsión.
La decisión deriva de la reforma constitucional de 2025 y de la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
ES DE INTERÉS: ¿Quiénes son los exfuncionarios del Edomex vinculados a proceso por una presunta red de extorsión en verificentros?
¿Qué decidió la SCJN sobre las leyes de extorsión?
La Corte estableció que la legislación relacionada con los tipos penales, sanciones y distribución de competencias en materia de extorsión corresponde al Congreso de la Unión.
Por esta razón, los congresos estatales no pueden establecer un régimen jurídico propio para definir este delito o modificar las reglas nacionales que lo regulan.
La resolución también alcanza disposiciones relacionadas con la investigación, persecución, medidas cautelares, sanciones y reglas procesales en materia de extorsión.
¿Qué estados tienen leyes de extorsión invalidadas?
La SCJN invalidó diversas disposiciones contenidas en ordenamientos de Tabasco y Baja California Sur.
La Corte determinó que los congresos de esas entidades excedieron sus facultades al establecer normas locales sobre una materia que, después de la reforma constitucional de 2025, corresponde legislar al Congreso de la Unión.
Incluso la reproducción de disposiciones nacionales en normas estatales puede resultar inválida si los congresos locales carecen de competencia para legislar sobre esa materia.
¿Qué ley se aplicará contra la extorsión en México?
El marco nacional es la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Esta legislación establece las reglas generales para el delito y delimita las competencias de las distintas autoridades.
La decisión de la SCJN busca evitar que cada entidad establezca reglas diferentes para un mismo delito.
¿Los estados ya no podrán investigar la extorsión?
No. La resolución no elimina las facultades de las autoridades estatales para investigar y perseguir casos de extorsión.
Las fiscalías y policías de las entidades continuarán realizando las funciones que les corresponden, pero deberán actuar conforme al marco establecido por la Ley General.
Los estados también mantienen atribuciones para organizar sus instituciones y determinar la forma en que administrativamente cumplen sus funciones.
El límite está en que no pueden crear un régimen penal local distinto para la extorsión.
LEE TAMBIÉN: Detienen a ‘El Vikingo’ en Uruapan, Michoacán señalado por extorsionar a aguacateros
¿Qué significa la decisión de la SCJN para los ciudadanos?
Uno de los principales efectos es la búsqueda de mayor certeza jurídica.
La definición del delito, sus sanciones y las reglas generales que corresponden a la materia deberán sujetarse al marco nacional, independientemente de la entidad donde ocurra el caso.
Esto evita que cada congreso estatal establezca reglas diferentes sobre los elementos que configuran el delito de extorsión.
Para las personas que enfrenten un caso de este tipo, las autoridades deberán actuar dentro de las competencias y procedimientos establecidos por el marco nacional.
¿Qué resoluciones analizó la Suprema Corte?
Los congresos locales ya no pueden utilizar sus códigos y leyes para establecer disposiciones propias sobre los elementos del delito, sus penas o las reglas procesales que corresponden a la legislación general.
La decisión de la Corte marca una separación entre las facultades legislativas y las facultades de investigación y persecución.
En términos prácticos, los estados conservan la responsabilidad de actuar ante los casos de extorsión, pero deben hacerlo bajo las reglas nacionales.
La determinación corresponde a las Acciones de Inconstitucionalidad 44/2026, 36/2026 y su acumulada 37/2026.
En ellas, el Pleno analizó disposiciones relacionadas con la regulación de la extorsión en las entidades federativas y determinó cuáles excedían las competencias de los congresos locales.
La resolución se da después de la reforma constitucional de 2025 y de la expedición de la Ley General en materia de extorsión. DJ
