Ley de Feminicidio llega al Senado: estos son los cambios que contempla, de penas de hasta 70 años a investigaciones obligatorias

La Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio inició su proceso legislativo en el Senado de la República, luego de que la Comisión Permanente del Congreso recibiera la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El proyecto busca homologar la forma en que se investiga y sanciona el feminicidio en las 32 entidades del país. Entre los cambios más relevantes se encuentran una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión, la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer como posible feminicidio desde el primer momento y declarar este delito como imprescriptible, es decir, que pueda perseguirse sin importar el tiempo transcurrido.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Igualdad de Género del Senado, donde comenzará su análisis.

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¿Qué cambios contempla la nueva Ley de Feminicidio?

La propuesta plantea unificar los criterios con los que actualmente se investiga y sanciona el feminicidio, ya que cada estado cuenta con definiciones, agravantes, penas y protocolos distintos.

Entre las principales modificaciones destacan:

• Establecer una pena de 50 a 70 años de prisión para el delito de feminicidio.
• Declarar el delito imprescriptible, por lo que la acción penal y las sanciones no se extinguirían con el paso del tiempo.
• Obligar a todas las fiscalías del país a investigar cualquier muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio.
• Crear un tipo penal homologado para las 32 entidades.
• Prohibir beneficios como libertad anticipada, reducción de penas, amnistías o criterios de oportunidad.
• Sancionar también la tentativa de feminicidio.

Toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse como feminicidio

Uno de los cambios más importantes de la iniciativa establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse inicialmente como posible feminicidio, incluso cuando los hechos aparenten tratarse de un accidente o un suicidio.

La propuesta señala que esta medida busca evitar errores en la clasificación de los casos, pérdida de evidencia e investigaciones sin perspectiva de género.

Para ello, ministerios públicos y autoridades investigadoras deberán aplicar desde el inicio un protocolo especializado que incluya:

• búsqueda de antecedentes de violencia;
• preservación de indicios;
• análisis del contexto en que ocurrieron los hechos;
• revisión de grabaciones de videovigilancia;
• realización de necropsias y peritajes especializados;
• incorporación de testimonios de familiares cuando existan antecedentes de violencia.

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¿Cuándo se considera feminicidio?

La iniciativa incorpora 10 razones de género para acreditar el delito de feminicidio.

Entre ellas se encuentran:

• violencia sexual;
• antecedentes de violencia familiar o de pareja;
• amenazas previas;
• relaciones de poder;
• discriminación;
• conductas asociadas a estereotipos de género.

El documento también plantea que los antecedentes de violencia y los testimonios de familiares tengan un mayor peso durante las investigaciones, debido a que una parte importante de estos delitos es cometida por parejas, exparejas o familiares cercanos.

¿En qué casos aumentarían las penas?

Además de la pena general de 50 a 70 años de prisión, la iniciativa contempla 19 agravantes que permitirían imponer sanciones más severas.

Entre ellas destacan cuando la víctima sea:

• niña o adolescente;
• mujer embarazada;
• adulta mayor;
• persona con discapacidad;
• periodista;
• defensora de derechos humanos;
• persona migrante.

También se prevén penas mayores cuando el responsable sea un servidor público, cuando el ataque se cometa con ácido u otras sustancias corrosivas o cuando existan circunstancias que incrementen la condición de vulnerabilidad de la víctima.

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¿Qué cambia para las fiscalías?

La iniciativa reconoce que uno de los principales problemas para combatir el feminicidio en México es la falta de criterios uniformes para investigarlo.

En la exposición de motivos se señala que actualmente las fiscalías estatales aplican protocolos distintos, lo que ha provocado clasificaciones incorrectas de los casos, pérdida de indicios, ausencia de análisis del contexto de violencia y subregistro de feminicidios.

Para corregir estas diferencias, la propuesta establece que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá emitir un Protocolo Nacional Homologado para la Investigación del Delito de Feminicidio, además de impulsar la existencia de fiscalías o unidades especializadas en todo el país.

Feminicidio sería un delito imprescriptible

Otro de los cambios relevantes es que el feminicidio sería considerado un delito imprescriptible.

Esto significa que la acción penal, las sanciones y la reparación integral del daño no podrían extinguirse por el transcurso del tiempo.

Además, las personas sentenciadas por feminicidio no podrían acceder a beneficios como libertad anticipada, sustitución o conmutación de la pena.

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¿Por qué busca homologarse el delito de feminicidio?

La iniciativa sostiene que actualmente las diferencias entre las legislaciones estatales dificultan el acceso a la justicia para las víctimas.

Según el documento, cada entidad regula de manera distinta:

• la definición del feminicidio;
• las agravantes;
• las penas;
• los protocolos de investigación.

Esta falta de homologación, advierte, ha generado criterios distintos para investigar los casos, espacios de impunidad y deficiencias en la persecución del delito.

¿Qué sigue para la iniciativa?

Tras su recepción por la Comisión Permanente, la propuesta fue turnada a las comisiones de Justicia y de Igualdad de Género del Senado, que fungirá como cámara de origen.

A partir de ese proceso, las comisiones analizarán el contenido de la iniciativa antes de elaborar el dictamen que, en su caso, será discutido y votado por el pleno del Senado. Si es aprobada, continuará su trámite legislativo en la Cámara de Diputados antes de una eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación.