Feminicidio en México: legislar la emergencia

28 de Abril de 2026

Feminicidio en México: legislar la emergencia

Julieta Mendoza - columna

México no legisló el feminicidio por avance institucional, sino por emergencia nacional. Cuando un país necesita una ley específica para evitar que maten a sus mujeres, el problema ya no es jurídico: es estructural.

La reciente Ley General contra el Feminicidio en México (2026) que se encuentra en ruta legislativa en el Congreso Federal, busca corregir una falla histórica: homologar la investigación en todo el país, establecer penas de 40 a 70 años de prisión y definir nueve razones de género que obliguen a las autoridades a tipificar correctamente estos crímenes. En términos técnicos, es un paso relevante. En términos políticos y sociales, es también un reconocimiento implícito: el Estado mexicano ha sido incapaz de contener la violencia feminicida con los instrumentos que ya tenía.

Porque conviene decirlo con precisión: México no partía de un vacío legal. El feminicidio ya estaba tipificado. La Suprema Corte ya había establecido que toda muerte violenta de una mujer debía investigarse con perspectiva de género. Existían protocolos, fiscalías especializadas, alertas. Lo que ha fallado de manera sistemática es la aplicación.

Los casos recientes lo vuelven a exhibir. Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, desapareció tras acudir a una entrevista de trabajo en la Ciudad de México. La principal línea de investigación indica que fue asesinada ese mismo día. La propia autoridad reconoció retrasos injustificables en la reacción inicial. En un delito donde las primeras horas son decisivas, la omisión institucional no es un detalle: es parte del problema.

A su nombre se suman otros: Carolina Flores, Lina Alejandra Rodríguez Castillo. Distintos contextos, una constante: mujeres asesinadas en un país donde, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en promedio 9 a 10 mujeres son privadas de la vida cada día. No todas son investigadas como feminicidio. No todas llegan a sentencia. Muchas ni siquiera llegan a una investigación diligente.

La nueva ley intenta cerrar esas grietas. Establece criterios obligatorios para evitar que los casos se reclasifiquen como homicidios dolosos comunes, incorpora elementos como violencia sexual, antecedentes de amenazas o la relación con el agresor, y busca eliminar la discrecionalidad que durante años permitió minimizar estos crímenes. Es, en esencia, una herramienta para ordenar lo que el Estado no ha logrado hacer de manera consistente.

Pero hay un punto que no se puede soslayar: las leyes no investigan, no buscan, no sancionan. Lo hacen las instituciones. Y ahí es donde México sigue fallando.

Comparar con otros países permite dimensionar la anomalía. España, por ejemplo, no cuenta con una figura penal autónoma de feminicidio, pero sí con un sistema integral de atención a la violencia de género, tribunales especializados y políticas de prevención que han logrado contener —aunque no erradicar— estos asesinatos. En América Latina, varios países han tipificado el feminicidio, pero México destaca no por la innovación legal, sino por la magnitud del fenómeno que intenta regular.

Esa es la contradicción de fondo: tener una de las legislaciones más detalladas en la materia y, al mismo tiempo, uno de los contextos más violentos para las mujeres.

El riesgo no está en la ley, sino en lo que se haga —o no— con ella. Pensar que su aprobación resuelve el problema es una forma de simulación. Mientras persistan las fallas en la primera respuesta, la pérdida de tiempo en las búsquedas, la revictimización de las familias y los niveles de impunidad, el feminicidio seguirá siendo una constante.

Porque el feminicidio no comienza con el asesinato. Comienza mucho antes, en cada señal ignorada, en cada denuncia desestimada, en cada omisión institucional.

Legislar con mayor rigor era impostergable.Pero creer que la ley, por sí sola, va a contener la violencia es una ilusión peligrosa.

Si la ley no se traduce en investigaciones oportunas, en sentencias efectivas y, sobre todo, en prevención real, México seguirá haciendo lo mismo: nombrar a sus víctimas cuando ya es demasiado tarde.