MC promueve consulta ‘obligatoria’ para grupos vulnerables

La bancada naranja en el Congreso capitalino presentó una iniciativa que busca impulsar la participación ciudadana de todos los sectores sociales en los procesos legislativos.

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México promovió una iniciativa que busca establecer la “obligatoriedad” de la consulta para grupos vulnerables a fin de impulsar la participación ciudadana en los procesos legislativos, decisiones, acciones o políticas públicas que afectan su cotidianidad.

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¿A quién beneficiaría la iniciativa de consulta ciudadana?

Desde la tribuna del recinto legislativo de Donceles, el coordinador de la Bancada Naranja en el Congreso capitalino, Royfid Torres González, presentó la propuesta enfocada a garantizar la consulta a personas con discapacidad, pueblos y barrios originarios, así como de las comunidades indígenas y afromexicanas de la capital.

Durante la exposición de motivos de la iniciativa, Royfid Torres reiteró que actualmente existen varios instrumentos de participación de estos sectores, como la iniciativa ciudadana, la propuesta de modificación o el parlamento abierto.

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Falta de cumplimiento de consultas según estándares nacionales e internacionales

No obstante, hoy en día no se prevé una medida con la que se dé cumplimiento a la consulta, de acuerdo con los lineamientos establecidos a nivel nacional e internacional, ni que se establezca su carácter de obligatorio.

“Esta situación se agrava, pues al tratarse de los grupos de consulta existen en el país acuerdos con diversos instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establecen la obligación a cargo del Estado someter a la opinión de dichos grupos su opinión y conformidad con las medidas que sean susceptibles de afectarles”, subrayó.

Obligación del Congreso de realizar consultas previas en temas que afecten derechos

En ese sentido, la propuesta pretende establecer directrices al momento en que se adopten medidas legislativas que puedan vulnerar los derechos humanos de las personas pertenecientes a estos sectores, por lo que dicha obligatoriedad ordena al Congreso capitalino a implementar consultas previas en aquellos casos que sean susceptibles de afectar la esfera jurídica de estos grupos.

“La iniciativa va en aras de garantizar el derecho a ser escuchados de estos sectores, pero también que la legislación tenga una perspectiva que atienda las necesidades de estos grupos y no quedarnos con el contexto general, sino que tenemos la obligación de pensar y de atender particularmente a estos sectores por las necesidades especiales que podrían presentarse en diferentes legislaciones”, señaló el diputado emecista.