Mitad de amparos contra el “impuesto verde” ya no podrán ser revertidos, los otros los definirá la Corte

Nueve de los 18 amparos promovidos por empresas pedreras contra el impuesto ambiental que cobra el Gobierno de Nuevo León quedaron ya resueltos en definitiva y no podrán modificarse, mientras que los otros nueve serán analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que decidió atraer los recursos para fijar un criterio sobre la legalidad del gravamen.

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De acuerdo con abogados involucrados en los casos, la mitad de los juicios obtuvo sentencias firmes a favor de las compañías, por lo que ya no existe recurso legal que permita su modificación. Los litigantes señalaron que los fallos confirman que el llamado Impuesto Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos invade atribuciones federales, dado que la actividad está regulada por la Ley Minera.

“Hay amparos que ya son cosa juzgada; ésos no van a poder ser modificados”, explicó uno de los abogados consultados, al precisar que aproximadamente nueve resoluciones quedaron firmes luego de ser revisadas por tribunales colegiados. Para las demás compañías, en cambio, la decisión ahora dependerá de la Corte.

El máximo tribunal del país acordó atraer siete amparos en revisión y dos recursos de queja interpuestos por distintas pedreras que consideran ilegal el impuesto aplicado desde 2022. La solicitud fue presentada por el Gobierno estatal tras la acumulación de recursos, y la atracción fue aprobada por ocho ministros, con un voto en contra de Yasmín Esquivel.

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El impuesto forma parte de los cuatro gravámenes ecológicos creados durante la administración de Samuel García y, de acuerdo con cifras oficiales, ha generado una recaudación de 2 mil 245.8 millones de pesos entre 2022 y el tercer trimestre de 2025. Las empresas obligadas deben reportar mensualmente sus emisiones y pagar cargos adicionales por contaminación.

Aunque en 2020 la SCJN determinó la constitucionalidad de los impuestos ecológicos implementados en Zacatecas, los abogados de las pedreras en Nuevo León consideran que el precedente no es aplicable, pues la naturaleza del gravamen y su posible interferencia con el impuesto minero federal plantean un conflicto competencial distinto.

La resolución que emita la Corte sólo impactará a los amparos aún pendientes; los nueve casos ya sentenciados a favor de las empresas permanecerán intocados. Según los litigantes, si la SCJN valida el impuesto, únicamente afectará a quienes no obtuvieron una sentencia definitiva, mientras que si lo declara inconstitucional, se confirmará el criterio ya establecido en las resoluciones firmes.

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En paralelo, la recaudación derivada del impuesto verde ha mostrado un retroceso considerable. Durante la primera mitad de 2025 los ingresos del Estado por este concepto cayeron 42 % respecto a periodos anteriores, registrándose apenas 325.6 millones de pesos. En tanto, en noviembre de este año, la administración estatal apenas ha logrado recaudar el 38 % de lo proyectado originalmente.