PAN exige la desaparición de poderes en Sinaloa; ¿qué implica esta medida y quién la puede tomar?

El PAN se ha vuelto a pronunciar sobre la acusación formal que hizo Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya. Ahora los legisladores del partido blanquiazul presentaron de manera formal la solicitud para declarar la desaparición de poderes en Sinaloa, argumentando una presunta crisis institucional vinculada a las investigaciones contra el gobernador con licencia y nueve funcionarios más.

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PAN acusa una crisis institucional en Sinaloa

De acuerdo con el escrito, el PAN sostiene que en Sinaloa no se vive únicamente un problema de inseguridad o una crisis política convencional, sino una situación de “extrema gravedad institucional”.

La argumentación de los panistas se basa en las acusaciones realizadas por autoridades judiciales de Estados Unidos contra Rocha Moya y funcionarios de su gobierno, relacionadas con presuntos vínculos con actividades de narcotráfico y colaboración con el Cártel de Sinaloa.

En ese contexto, diputados y senadores del partido afirmaron que el aparato estatal habría dejado de cumplir sus funciones constitucionales de seguridad y procuración de justicia.

“No estaríamos frente a un gobierno simplemente rebasado por el crimen organizado, sino ante una situación en la que el aparato público estatal ha sido convertido en infraestructura funcional del propio crimen organizado”, señalaron los panistas.

¿Qué es la declaración de desaparición de poderes en México?

Se trata de una medida fundamentada en el artículo 76 de la Constitución, solo puede ser tomada por el Senado e implica lo siguiente:

• Declaración de que los poderes locales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) dejaron de funcionar
• Autoridades federales toman el control de la demarcación (en este caso el estado)
• Se nombra a un gobernador interino
• Se convoca a elecciones extraordinarias

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¿Quién puede ordenar la desaparición de poderes?

Los legisladores panistas recalcaron que la Constitución faculta al Senado para declarar la desaparición de poderes cuando existen condiciones que impiden el funcionamiento regular de las instituciones estatales.

La finalidad de activar este mecanismo sería proteger a la población y garantizar la vigencia del pacto federal, señalaron.

Además, sostuvieron que permitir que las instituciones responsables de combatir al crimen organizado operen bajo señalamientos de presunta colaboración criminal representa un riesgo para el orden constitucional.

En el documento presentado se plantea que el Senado ejerza sus facultades constitucionales para determinar la desaparición de poderes en la entidad y, posteriormente, solicitar al Ejecutivo federal el envío de una terna para designar a quien asumiría el gobierno estatal de manera provisional.

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Los legisladores señalaron que la petición no pretende sustituir investigaciones penales ni anticipar responsabilidades judiciales, sino “restituir el orden constitucional” en el estado.

En el texto entregado a la Comisión Permanente, los legisladores también advirtieron que, de confirmarse las acusaciones difundidas por autoridades estadounidenses, las instituciones públicas habrían sido utilizadas para beneficiar a grupos delictivos.

“Las instituciones encargadas de proteger a la población, perseguir delitos y preservar el orden jurídico habrían sido utilizadas para proteger a quienes lo quebrantan”, expusieron los legisladores del PAN para reafirmar su postura por el caso de Rubén Rocha y sus presuntos vínculos con el narcotráfico.