Pedrera Matrimar denuncia acoso institucional y pagos al margen de la ley en Nuevo León

La pedrera Matrimar, propiedad de los hermanos Martínez Gutiérrez, acusó al gobierno de Nuevo León de presunta extorsión y acoso institucional. Según la empresa, los conflictos surgieron después de que sus instalaciones obtuvieran la reapertura legal, un proceso que permitió reactivar la operación y beneficiar a 500 familias en la región.

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La compañía asegura que, pese a cumplir con todos los requisitos legales, las autoridades estatales intentaron clausurar sus instalaciones durante la madrugada tras negarse a realizar un pago que consideran irregular. Matrimar también rechazó señalamientos sobre pozos clandestinos y tomas ilegales de agua, y recordó que ha sido auditada por autoridades ambientales federales y estatales sin que se detectaran anomalías.

“Matrimar no cederá ante intentos institucionales de exigir pagos millonarios en efectivo al margen de la ley, conductas que están siendo perseguidas penalmente en el país”, destacó la empresa.

El efecto del “impuesto verde” en la industria

El conflicto coincide con la implementación del “impuesto verde” en la Ley de Ingresos 2022, que aplica a emisiones contaminantes, descargas de agua y la extracción de materiales pétreos, como la piedra caliza, actividad central para las pedreras. Matrimar se ha visto afectada a pesar de cumplir con auditorías fiscales y ambientales.

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En 2024, la recaudación por extracción de materiales pétreos alcanzó 1,162 millones de pesos. Sin embargo, los informes públicos no detallan cómo se destinan estos recursos. Alfonso Martínez, entonces secretario de Medio Ambiente, mencionó proyectos generales como plantaciones, limpieza del río Pesquería y 23 millones de pesos invertidos en plazas y camellones, pero admitió no contar con cifras precisas. Diputados del PAN y PRI han solicitado información más detallada sobre el uso de los fondos.

Repercusiones empresariales y del transporte

Diversas compañías del sector consideran que las inspecciones y sanciones tienen un componente recaudatorio. Fuentes empresariales califican la situación como un “asedio institucional” y vinculan el endurecimiento fiscal a la financiación de infraestructura para el Mundial de Fútbol 2026, donde Nuevo León será sede.

En diciembre de 2025, más de 60 cámaras y asociaciones, incluidas COPARMEX, Caintra y la Cámara de Comercio, rechazaron el aumento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3% al 4%, aprobado en el Paquete Fiscal 2026. Jorge Santos Reyes, presidente de Caintra, advirtió que la medida afectaría la contratación y elevaría costos laborales para las PyMEs.

“En este contexto adverso, los incrementos impositivos significan menos empleos, más informalidad y menor capacidad de crecimiento. El empleo formal es la principal fuente de movilidad social y bienestar para las familias nuevoleonesas”, señaló Santos.

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El sector transporte también reportó prácticas irregulares. En enero de 2026, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) denunció cobros irregulares por parte de elementos de tránsito municipal, lo que habría provocado pérdidas millonarias para los transportistas en distintas regiones del estado.