Por estas razones Defensoría Pública de la CDMX entra en su primer paro en 30 años

La Defensoría Pública de la Ciudad de México enfrenta su primer paro laboral en 30 años, esto después su personal interrumpió este viernes sus labores, dejando en pausa la defensa legal de miles de personas sin recursos.

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Se trata de 267 defensores públicos, 530 abogados de oficio y 60 trabajadores sociales, junto con personal de servicios periciales, los que han iniciado el paro de labores.

¿Por qué entra en paro la Defensoría Pública de la CDMX?

El paro se origina, denunciaron los trabajadores de la Defensoría Pública, por condiciones laborales precarias, acoso y hostigamiento institucional, así como una brecha salarial que no ha sido atendida desde la reforma constitucional de 2008, la cual establecía la homologación de salarios entre defensores públicos y agentes del Ministerio Público.

Además, aseguraron que las jornadas laborales superan las 12 horas diarias sin pago de horas extra ni incentivos, mientras su salario promedio es de apenas ocho mil pesos quincenales. En contraste, sus homólogos en el Ministerio Público perciben el doble por funciones comparables.

Además del tema salarial, los defensores exigen condiciones laborales dignas, entre ellas:

Respeto a la jornada laboral establecida

Seguridad frente a usuarios agresivos

Suficientes recursos materiales para desempeñar su labor

Transparencia en la administración

Fin al hostigamiento institucional

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Este es el pliego petitorio entregado por los trabajadores de la Defensoría Públoca, el cual, exigen, se cumpla para poder reanudar sus labores.

Afectados señalan a funcionaria sin nombramiento

Uno de los principales motivos del paro es el hostigamiento por parte de Jazmín Perla Garduño García, quien dice ser asesora de José Juan Torres Tlahuizo, director general de Servicios Legales de la Defensoría Pública.

Los trabajadores denuncian que impone tareas fuera de la jornada laboral, como asistir a eventos políticos y actos públicos ajenos a su función, incluyendo actividades como el 8 de marzo o las audiencias públicas que realiza los martes el gobierno capitalino en el Zócalo. Así como ser obligados a asistir a cursos en días inhábiles, cuyos diplomas carecen de validez oficial, acotaron.

En lo que respecta a la reforma constitucional de justicia penal de 2008, se estableció que los sueldos de defensores públicos deberían igualarse a los del Ministerio Público. Diecisiete años después, la disposición no se ha cumplido, lo que ha agravado el malestar entre el personal jurídico.

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Por otro lado, los afectados refieren que algunos superiores los amenazan con ser reemplazados con “nuevos con mejores credenciales”.

¿Qué consecuencias tiene el paro en la Defensoría Pública?

Con la suspensión de actividades en este órgano de la Ciudad de México, cientos de procesos judiciales en áreas como justicia penal, familiar, civil y arrendamiento podrían verse afectados, dejando sin representación legal a quienes no pueden pagarla.

Los trabajadores aseguran que no reanudarán labores hasta que sus exigencias sean escuchadas y atendidas por las autoridades capitalinas. Por ahora, la respuesta del Gobierno de la Ciudad de México sigue pendiente.

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