SCJN, IMDHD y CEA suman esfuerzos para impulsar un sistema de justicia más justo para las mujeres
Los tres organismos participaron en un conversatorio sobre la transformación de la justicia desde la experiencia de las mujeres
La falta de medidas de protección, las agresiones sexuales durante detenciones y las deficiencias en los procesos penales son algunas de las barreras que enfrentan las mujeres al buscar justicia en México, de acuerdo con los hallazgos presentados durante un conversatorio organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Durante el encuentro Del papel a la justicia: transformar el sistema desde la experiencia de las mujeres, representantes de la sociedad civil expusieron datos sobre violencia institucional, omisiones de las autoridades y obstáculos que dificultan el acceso de las mujeres a una justicia con perspectiva de género.
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La actividad reunió a la SCJN, el Centro de Estudios y Acción por la Justicia (CEA Justicia Social) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), con el propósito de analizar las deficiencias del sistema penal y proponer herramientas para mejorar la atención de las mujeres involucradas en procesos judiciales.
Al inaugurar el conversatorio en la sede del máximo tribunal, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García señaló que la revisión de las resoluciones judiciales con enfoque de género y derechos humanos constituye una prioridad para la actual administración.
El ministro explicó que el diálogo busca identificar los obstáculos que todavía dificultan el acceso efectivo de las mujeres a la justicia, así como examinar las diferencias entre los principios de igualdad y su aplicación en los tribunales.
Diagnóstico documenta violencia contra mujeres en el sistema penal
Durante la jornada, María Ana del Valle Ojeda, integrante del CEA Justicia Social, presentó los resultados de un diagnóstico y una guía de actuación elaborados por la Red Feminista por el Acceso a la Justicia, integrada por siete organizaciones con presencia en la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco.
El documento recoge las experiencias de 12 mujeres que enfrentaron distintos procesos dentro del sistema penal. A partir de sus testimonios, identifica prácticas de violencia institucional y obstáculos que afectaron su paso por las instancias de procuración e impartición de justicia.
La guía complementaria propone medidas para prevenir estas conductas, detectarlas y mejorar la respuesta de las instituciones responsables de atender los casos.
Entre los datos expuestos, Del Valle Ojeda indicó que más del 70% de las mujeres entrevistadas había experimentado violencia de género antes de entrar en contacto con el sistema de justicia.
También señaló que dos de cada tres denuncias presentadas por mujeres no superaron la etapa de investigación inicial. Asimismo, el 27% de las denunciantes no recibió medidas de protección y enfrentó presiones para abandonar sus procedimientos.
El diagnóstico también identificó agresiones durante las detenciones y otras formas de violencia. Según los resultados presentados, el 32% de las mujeres reportó tortura sexual en alguna etapa de su detención, mientras que el 29% señaló haber sufrido acoso sexual.
Además, la mitad de las participantes relató experiencias que incluyeron golpes, amenazas, desnudos forzados y expresiones discriminatorias de carácter racista o lesbofóbico.
Señalan deficiencias judiciales y falta de perspectiva de género
Por su parte, Verónica Garzón, integrante del IMDHD, expuso los resultados de una evaluación sobre las experiencias de mujeres de distintas edades durante sus procedimientos judiciales.
El análisis examinó la actuación de las autoridades a partir de criterios de derechos humanos y perspectiva de género. Entre los problemas identificados figuran la reproducción de estereotipos, la falta de información sobre los procesos penales y las deficiencias al evaluar los contextos de violencia que enfrentan las mujeres.
El estudio también detectó problemas en la determinación de reparaciones del daño y omisiones relacionadas con la aplicación de tratados internacionales.
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Garzón reconoció que la Suprema Corte cuenta con protocolos para orientar la labor judicial con perspectiva de género desde 2010. No obstante, consideró necesario revisar los resultados de las medidas adoptadas para determinar qué aspectos requieren cambios.
Los hallazgos plantean la necesidad de que las autoridades incorporen el contexto de violencia en sus decisiones y garanticen que las mujeres reciban información suficiente sobre sus procedimientos.
Mujeres en prisión enfrentan falta de defensa y atención médica
Durante el conversatorio, Beatriz Maldonado, directora y fundadora de Mujeres Unidas por la Libertad México, expuso las dificultades que enfrentan las mujeres privadas de la libertad y aquellas que recuperan su libertad.
La activista atribuyó parte de estas condiciones a omisiones de autoridades de los tres niveles de gobierno, que, según señaló, propician vulneraciones de derechos humanos dentro y fuera de los centros penitenciarios.
Maldonado afirmó que aproximadamente el 70% de las mujeres internas no habría cometido el delito que se les atribuye. También denunció casos de mujeres que permanecen hasta 20 años en prisión sin recibir una sentencia y señaló la falta de defensores públicos para atender sus procesos.
Entre las carencias que describió se encuentran la falta de artículos básicos para la higiene y la gestión menstrual, así como situaciones de desatención médica.
La representante de la asociación también advirtió sobre las dificultades para la reinserción social. Explicó que, después de salir de prisión, algunas mujeres encuentran rechazo en sus comunidades y obstáculos para conseguir empleo.
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Buscan mejorar la actuación de las autoridades judiciales
En el encuentro también participaron Darinka Lejarazu Hernández, coordinadora del programa Libertad y Ambiente Seguro de Balance A.C.; Alex Guzmán Sanguino, defensora de derechos humanos; Erika Izbeth Martínez Romero, activista y defensora, y Xóchitl Ramírez, defensora indígena de derechos humanos.
El conversatorio estuvo dirigido principalmente a personas servidoras públicas de la SCJN y de otros órganos jurisdiccionales, con el objetivo de acercar las experiencias de las mujeres a quienes intervienen en la aplicación de la ley.
Las organizaciones participantes presentaron los diagnósticos y las herramientas de actuación como elementos para revisar las prácticas institucionales, fortalecer la perspectiva de género y atender las barreras que persisten en el sistema penal mexicano.
