Secretaría de Anticorrupción confirma acoso en el INER contra residente médica: ¿Qué pasará con los presuntos responsables?

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó que, tras una investigación administrativa, se acreditaron los hechos denunciados por Paola, médica residente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), quien señaló haber sido víctima de acoso por parte de un compañero identificado como Gustavo L., así como de hostigamiento laboral por parte de la titular de la Subdirección de Cirugía, Francina B., también profesora del Programa de Especialización en Cirugía Cardiotorácica.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos fueron analizados por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, que inició las investigaciones correspondientes tras hacerse público el caso en junio de 2025.

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Investigación y sanciones: destitución, inhabilitación y baja del programa

Las autoridades determinaron que las acusaciones eran procedentes. Como resultado, se dictaron sanciones administrativas contra los responsables.

Francina B. fue destituida de su cargo como subdirectora y además inhabilitada para ejercer funciones públicas, mientras que el residente Gustavo L. fue dado de baja del programa de especialidad médica.

La dependencia enfatizó que las resoluciones se encuentran sustentadas en evidencia y fueron emitidas conforme a derecho, subrayando la importancia de proteger a las víctimas de acoso y hostigamiento dentro de las instituciones de salud y educativas del país.

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Medidas de protección y reubicación de la residente afectada

Uno de los puntos más relevantes del caso fue que, en un primer momento, la víctima había sido separada del programa de residencia, lo que generó indignación dentro de la comunidad médica.

Sin embargo, tras el inicio de la investigación, se implementaron medidas de protección que incluyeron la separación temporal de la funcionaria señalada mientras se desarrollaba el procedimiento.

Finalmente, como parte de las resoluciones, Paola fue reinscrita para continuar su especialidad médica en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, garantizando así la continuidad de su formación profesional.

Derecho a impugnar y postura de la autoridad

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones. No obstante, aseguró que, en caso de hacerlo, la institución defenderá las decisiones con firmeza, al estar respaldadas por evidencia y con enfoque en la protección de los derechos de las víctimas.

Asimismo, reiteró su compromiso institucional para erradicar el acoso laboral y sexual en entornos médicos y educativos del sector público.

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Llamado a denunciar casos de acoso en instituciones públicas

Finalmente, la dependencia hizo un llamado a denunciar cualquier caso de acoso u hostigamiento a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, disponible en https://sidec.buengobierno.gob.mx.

“Las mujeres que enfrenten situaciones de este tipo no están solas”, señaló la institución, reafirmando su postura de cero tolerancia ante la violencia en espacios laborales y de formación médica en México.