Desde el ángulo del derecho administrativo y la organización del Estado, los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de la presidenta Claudia Shienbaum Pardo (CSP) han supuesto un cambio profundo en el modelo de administración pública desarrollado en nuestro país entre 1982 y 2018.
Paradójicamente, nos encontramos ante la presencia de una administración pública más centralizada y con menos autonomía en las instituciones que la conforman, pero al mismo tiempo con una organización más simplificada.
A la fragmentación que durante el periodo 1982-2018 se realizó respecto de facultades que con anterioridad eran ejercidas exclusivamente por el Poder Ejecutivo, ha seguido una tendencia hacia el recobro de éstas por parte de este órgano del Estado. Desde luego, ello ha resultado por demás polémico aun cuando todavía no son notorios todos los efectos que producirá esta vuelta al estado anterior.
A pesar de que las reformas realizadas durante este periodo a la administración pública han derivado en la eliminación de diversas instituciones, las funciones hasta ese tiempo realizadas por aquellas permanecieron y en lo subsecuente han sido ejercidas por dependencias o entidades que forman parte de la estructura del Poder Ejecutivo Federal.
Entonces, mientras por una parte estamos frente a un adelgazamiento orgánico, por otra estamos ante una expansión funcional de la administración pública, pues si bien han desparecido diversas instituciones, también es cierto que ha habido un crecimiento en las responsabilidades públicas.
Es bajo estos tipos de análisis en que es relevante distinguir el papel de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal como cabeza de este órgano unipersonal del rol que dicha persona juega al ejercer la jefatura de la Administración Pública Federal. A partir de las iniciativas presentadas por la misma persona, se ha llegado a un adelgazamiento de la estructura institucional y a un incremento en los ámbitos en quien lleva a cabo la dirección del Estado.
Lo anterior no puede encuadrarse en alguna de las tradiciones administrativas conocidas, sino que se trata de un modelo que contiene particularidades de distintas concepciones, mismas que pueden verse reflejadas en los siguientes rasgos que la han caracterizado:
- Recuperación del Estado como agente económico.
- Elevación a rango constitucional de políticas sociales.
- Eliminación de instituciones eminentemente técnicas con distintos grados de autonomía.
- Fortalecimiento de la Presidencia de la República como eje rector de la función administrativa del Estado.
No obstante ambas administraciones han parecido tener muchos rasgos comunes en el modelo de administración pública implementado, también se puede colegir que cada una tiene algunas particularidades. Por ejemplo, en el caso de la administración de AMLO, la austeridad, la concentración y la reconstrucción de capacidades estatales fueron características distintivas; por lo que hace a lo que va del periodo de CSP a aquellos rasgos se deben añadir la digitalización y la interoperabilidad.
Cabe destacar que todos estos cambios no son exclusivos del orden federal, pues ha sido a través de reformas constitucionales, creación o replanteamiento de sistemas nacionales y expedición de leyes generales, principalmente, que las administraciones públicas de los otros dos órdenes de gobierno también han sufrido cambios profundos.
Así, la arquitectura de la administración pública mexicana se ha transformado de manera profunda en los últimos 8 años convirtiéndose en una más centralizada, más compacta en su estructura y más amplia en las funciones que desempeña.
