El caso Ayotzinapa evolucionó hasta convertirse en el ariete idóneo contra el gobierno en turno, no importa ideología ni partido, sea Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y el o la que gane la próxima elección.
Un amigo define este caso como una bayoneta en manos de quien la tome y que sólo quiere cortar. Y hay un grupo que en nueve años no ha soltado esa arma perfecta, la sigue usando y seguramente la usará para destruir, y cuya agenda política es poco clara, pues ha utilizado verdades a medias y estrategias para generar confusión y caos en el caso, y no así para explicar qué pasó con los 43 normalistas. Es decir, le reditúa más no encontrar a los estudiantes, no relatar qué pasó con ellos, y seguir utilizándolo para su propia agenda, ¿cuál es?, eso deberían revisarlo a fondo y saberlo el gobierno.
Parece que el nuevo fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra, quedó atrapado en la narrativa de este grupo, cuyos representantes quedaron dispersos (pero con poder) en su oficina en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Podría entenderse, es un expediente tan grande (quizá uno de los más grandes de la historia), que difícilmente podría leerlo y comprenderlo este abogado que es de todas las confianzas del Presidente, pero está obligado.
Así que tal parece que ha sido más fácil dejarlo en manos de los excolaboradores del exfiscal Omar Gómez Trejo y de la visitadora de la FGR Adriana Campos, quien ha adquirido un enorme poder en la institución y bajo el manto de la justicia justifica acciones y el uso de testigos poco confiables.
Así, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y sus aliados siguen operando, y aspiran a que en unas semanas el Presidente se arrepienta y les renueve el contrato. Ojalá alguien le contara en Palacio Nacional cómo han enredado este caso y cómo lo están usando.
Ya de menos, el fiscal Gómez Piedra se diera el tiempo de ver cada una de las audiencias que llevan sus fiscales y evalúe el nivel que muestran: las afirmaciones sin fundamento en pruebas, de las actitudes y frases de burla a sus adversarios, de cómo parcializan los elementos que ofrecen, cómo colocan como grandes víctimas a quienes habitantes de Iguala y hasta agencias de Estados Unidos ha identificado como peligrosos delincuentes; quizá, si le rascara un poco, el encargado del caso Ayotzinapa también descubriría cómo sus MP filtran información a algunos medios.
En la más reciente audiencia, la que se siguió contra el exfiscal Gualberto Ramírez, fue muy interesante escuchar los argumentos de las dos partes. Es claro que el exministerio público tendrá que explicar por qué aparece en un video en donde presuntamente se está torturando a un detenido, a Felipe “N” (identificado entonces como El Cepillo y presunto líder del cártel de los Guerreros Unidos), quien ahora es testigo protegido. Sin embargo, la FGR y la CEAV tiene que explicar también en qué pruebas se basan al decir ante el juez que en el caso Ayotzinapa se dio una tortura “generalizada y sistemática”.
La fiscal Lidia Bustamante Vargas soltó frases como que era claro que “había que callar a toda esta muchedumbre que exigía justicia” y por eso las autoridades torturaron detenidos fueran o no culpables; o que se cometió “un rally delictivo de tortura”.
Muchas frases dijeron ella y la asesora jurídica de la CEAV, Daniela Aguirre Luna, sobre esas acciones generalizadas de las autoridades, pero las pruebas no las mostraron.
Por ejemplo, utilizan como testigo estrella al comandante federal encargado de la detención de Felipe “N”, Eduardo Francisco Rodríguez Martínez, y a quién acusó en principio de tortura la ahora víctima, pero que no ha sido obligado a detallar su responsabilidad en ese delito para entonces hacerlo merecedor de un criterio de oportunidad (pero de todas formas ya se lo otorgaron) y además sigue siendo funcionario público actualmente, incluso a pesar de sus vínculos con el exsecretario Genaro García Luna. Y la fiscal Bustamante le cree todo, convenientemente.