Al advertir que las búsquedas e investigaciones de personas desaparecidas “son obligaciones de carácter permanente”, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU urgió al Estado mexicano a garantizar la continuidad de las búsquedas y otorgar el apoyo y seguridad quienes cumplen con esa labor.
El Comité condenó el ataque con explosivos que el pasado 11 de julio mató a seis agentes y dejó más de una decena de heridos en Tlajomulco, Jalisco, tras un supuesto reporte de fosas clandestinas. También señaló al estado con el mayor número de desapariciones.
“Una vez más, hace un llamamiento al Estado para que establezca medidas de protección adecuadas para las víctimas, familiares, acompañantes, así como servidores públicos para garantizar la continuidad de la búsqueda e investigación de las desapariciones, brindando oportunidades de participación para asegurar que las víctimas no se queden sin apoyo”, reiteró el Comité.
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Y es que luego del ataque en Tlajomulco, el gobernador Enrique Alfaro suspendió temporalmente la atención a los reportes de hallazgos de cadáveres y fosas para evitar que las autoridades cayeran en otra “trampa”.
Sin embargo, el Comité recordó que las búsquedas e investigaciones son “obligaciones de carácter permanente” y urgió a una investigación exhaustiva para ubicar y castigar a los agresores.
“El Comité reitera su recomendación al Estado para que adopte e implemente de manera urgente una Política Nacional para la Prevención y Erradicación de las Desapariciones”, urgió el organismo.
No obstante, se reportó la desaparición de otra madre buscadora. Se trata del caso de Catalina Vargas, integrante del colectivo Unidos por Nuestros Desaparecidos, quien desapareció en Guanajuato, donde en mayo pasado fue asesinada la también madre buscadora, Teresa Magueyal.
De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Catalina, de 60 años, quien desde enero de 2020 busca a su hijo Luis Antonio fue vista por última vez el pasado 17 de julio en el municipio de León.
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