Hay algo profundamente humillante en vivir en una ciudad donde la autoridad mira, pero no actúa. Donde el uniforme existe, la patrulla está estacionada a unos metros y, aún así, la violencia se despliega con total descaro. La Ciudad de México no es ya solo insegura: es un territorio donde el Estado ha decidido abdicar. Y lo peor no es que los delincuentes la tengan a su favor. Es que nosotros, los ciudadanos, también lo sabemos.
Hace unos días, un hombre discutía por un choque en Mixcoac. De pronto, el microbusero convoca refuerzos. Rompen los cristales del auto a golpes y agreden al conductor frente a policías que observan la escena como si se tratara de un espectáculo callejero. Nadie detiene. Nadie interviene. Solo después, cuando el video ya circula y la indignación se vuelve pública, la Secretaría de Seguridad Ciudadana abre una investigación interna. Como siempre: primero la impunidad, después el comunicado.
En esa misma ciudad, la actriz Karyme Lozano relató en sus redes que un taxi de sitio le cobró 12 mil pesos por un viaje que el taxímetro marcaba en 57 pesos. El cargo fue otro. El banco se lava las manos porque ella introdujo el NIP. La denuncia se queda en el aire. Nadie controla realmente a quién se le da una concesión, quién opera una terminal o cómo se protege al usuario. El taxi se convierte en una ruleta rusa de estafas y la autoridad, una vez más, llega tarde o no llega.
Y en la Condesa, esa colonia de cafés y ciclovías, la noche tiene otro protocolo. Alguien golpea el vidrio: “¿Tienes un cigarro?”. Si no bajas el cristal, forcejean la puerta. Entran. Negocian. Amenazan. Se llevan el celular. Después llegan las llamadas, las amenazas en nombre de la Unión Tepito, el intento de recuperar el aparato para seguir usándolo. La policía, cuando aparece, promete revisar cámaras. Nada más. Las trabajadoras —o los delincuentes que operan bajo esa fachada— regresan a su esquina la noche siguiente. El negocio continúa.
Tres historias distintas. Un mismo patrón. La policía está presente, pero no controla. Está cerca, pero no protege. Existe, pero no es autoridad. Ese es el fracaso más profundo: no la ausencia de elementos, sino la ausencia de voluntad y de consecuencias. Un policía que presencia un linchamiento vehicular y no interviene no es solo negligente. Es cómplice por omisión. Una ciudad que permite que redes de extorsión operen a plena luz de los semáforos no está fallando en seguridad: está renunciando a ella.
No se trata de pedir milagros. Se trata de exigir lo mínimo: que quien viste el uniforme actúe cuando ocurre el delito frente a sus ojos. Que las investigaciones no dependan de que un video se vuelva viral. Que las calles no sean territorio libre para mafias, estafadores y violentos. Porque mientras la autoridad se limite a “analizar cámaras” y a citar a declarar a sus propios elementos después del escándalo, el mensaje sigue siendo el mismo: aquí se puede todo.
La Ciudad de México necesita que alguien vuelva a ejercer el control. Que alguien decida que la calle no pertenece a quien grita más fuerte, a quien rompe vidrios o a quien entra a un auto ajeno. Mientras eso no ocurra, seguiremos viviendo en una tierra de nadie. Y la pregunta ya no es cuándo nos tocará. La pregunta es por qué seguimos permitiendo que nos toque.
