Hay una forma de abandono que no hace ruido. No aparece necesariamente en las estadísticas de mortalidad ni provoca grandes movilizaciones. Ocurre cuando un medicamento indispensable desaparece de las farmacias y quienes dependen de él quedan atrapados entre la incertidumbre, el deterioro de su salud y una cadena de responsabilidades que nadie logra explicarles.
Eso denuncian 78 familias de pacientes del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en la Ciudad de México. Buscan clozapina, un antipsicótico utilizado principalmente para tratar esquizofrenia resistente. Aseguran que no pueden conseguirlo en el hospital ni en las farmacias comerciales consultadas. Tampoco conocen cuándo volverá a estar disponible.
La dimensión humana es profunda. Muchos pacientes llegaron a este tratamiento después de años de crisis, hospitalizaciones y medicamentos que no funcionaron. La clozapina puede representar una estabilidad difícilmente conquistada. Suspenderla abruptamente implica riesgos de recaídas psicóticas, complicaciones graves y la necesidad de reiniciar cuidadosamente el tratamiento bajo supervisión médica.
No estamos hablando, por tanto, de una receta pendiente. Estamos hablando de personas cuya estabilidad depende de la continuidad terapéutica.
Pero detrás de esta denuncia aparece una pregunta más incómoda: ¿cómo puede faltar un medicamento esencial cuando existen instituciones encargadas de autorizarlo, adquirirlo, distribuirlo y garantizar su disponibilidad?
La respuesta exige seguir la ruta de la clozapina.
Cofepris regula su fabricación y comercialización; los laboratorios producen el medicamento; las instituciones públicas realizan adquisiciones y los sistemas de distribución deben hacerlo llegar a los hospitales. Cada etapa tiene responsables identificables. Lo que todavía no está claro es dónde se interrumpió el suministro denunciado por las familias.
Existe un antecedente relevante. En 2023, Cofepris suspendió actividades de Psicofarma por irregularidades sanitarias y posteriormente autorizó su reanudación. Aquella crisis evidenció la vulnerabilidad de un mercado con alternativas limitadas.
El dato adquiere mayor importancia al revisar documentos oficiales recientes. En octubre de 2025, Birmex notificó a Psicofarma una adjudicación para suministrar clozapina durante los ejercicios 2025 y 2026. Para la presentación de 30 comprimidos de 100 miligramos se estableció un máximo de 5 mil 788 envases, por poco más de 4.5 millones de pesos.
La adjudicación está documentada. Lo que falta conocer es cuánto se entregó efectivamente, a qué instituciones y si existieron retrasos o incumplimientos. Ahí comienza la verdadera exigencia de rendición de cuentas.
¿Está Psicofarma produciendo clozapina? ¿Existen problemas regulatorios, de fabricación o distribución? ¿Qué inventarios tiene el sector público? ¿Se han explorado alternativas de importación? ¿Quién está atendiendo a los pacientes que ya interrumpieron su tratamiento?
Las respuestas corresponden a las autoridades sanitarias, al fabricante y a las instituciones responsables del suministro. No sería riguroso atribuir responsabilidades específicas sin conocerlas, pero tampoco resulta aceptable que las familias deban reconstruir por su cuenta el recorrido de un medicamento indispensable.
La situación también revela una desigualdad: quienes dependen del hospital público carecen de alternativas económicas, mientras que quienes podrían comprar el tratamiento tampoco logran encontrarlo, según sus testimonios. Si sobreviene una recaída, aparece otra interrogante: ¿Tiene el sistema capacidad suficiente para atender oportunamente una emergencia psiquiátrica?
La salud mental no puede reducirse a discursos sobre inclusión, prevención y bienestar. Su compromiso más elemental comienza por garantizar que un tratamiento eficaz no se interrumpa por problemas de abasto.
Las 78 familias no están pidiendo un privilegio. Exigen información, continuidad médica y respuestas verificables. Porque detrás de cada caja que falta hay una persona, una historia clínica y una familia que teme perder años de estabilidad. Y porque el verdadero abandono no comienza cuando desaparece un medicamento, sino cuando nadie puede explicar quién debe garantizar que vuelva.