Durante varios años, el matrimonio en México se sostuvo más en la obligación del deber estar, más que en la voluntad. Hoy, el divorcio incausado cambia esa lógica, pues nadie puede ser obligado a quedarse.
El divorcio sin expresión de causa, o divorcio incausado, es uno de los cambios más importantes en el derecho familiar en México. Pero para entender por qué importa, hay que ver de dónde viene todo esto.
El Código Civil para la Ciudad de México se creó en una época muy distinta. En ese momento, la familia estaba pensada desde un punto de vista de jerarquía: el marido como jefe y la mujer con una autonomía inexistente en todos los temas. No es un juicio moral, es más bien un contexto histórico.
El problema de ello es que este mismo modelo también marcaba cómo se entendía el matrimonio: como algo que debía durar, casi a toda costa, para toda la vida. Por eso, divorciarse antes no era simplemente una decisión, era abrir un frente legal.
Había que probar algo: adulterio, abandono, violencia; señalar a la otra persona, exhibir la vida privada, y eso en la práctica desgastaba demasiado, ya que no se podía resolver de inmediato. No existía el “ya no quiero”, era necesario acreditar el por qué.
Con los años, esa forma de ver el matrimonio empezó a cambiar. Claro que no fue de golpe, sino que se fueron creando criterios judiciales poco a poco, reconociendo algo básico: las personas no pueden ser obligadas a quedarse donde ya no quieren estar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó por dejarlo claro: el libre desarrollo de la personalidad incluye la decisión de no seguir casado. A partir de ahí, todo cambió.
Hoy, el divorcio incausado permite que una sola persona pueda solicitar la disolución del matrimonio sin necesidad de explicar por qué. No hay que señalar al otro. No hay que ventilar la intimidad. Solo basta una decisión.
Desde algún ángulo, pareciera ser una figura fría, incluso radical. Pero en los pasillos de los juzgados tiene otro significado. Ahí es donde se ven las historias que no siempre cuentan: parejas que llevan años viviendo juntas, pero sin hablarse; matrimonios que siguen por los hijos, por los bienes o por el qué dirán; personas que aprendieron a convivir con la distancia, con una especie de rutina vacía. Esto no es que exista un conflicto, simplemente ya no hay vínculo.
También cambia la forma en que se resuelven los asuntos. El juicio deja de centrarse en quién tuvo la culpa y se enfoca en lo importante: qué va a pasar con los hijos, cómo se reorganiza la vida después de la separación. Se deja de pelear por el pasado y se empieza a ordenar un futuro.
Eso, en términos prácticos, reduce el desgaste. Pero, sobre todo, cambia la lógica: el derecho deja de ser un espacio para reprochar y se convierte en una vía para cerrar ciclos. La fila sigue avanzando, las mujeres dan un paso al frente, entregan sus documentos y se hacen a un lado; ya nadie les pregunta por qué, nadie les exige explicaciones. No hacen falta.
Durante años, la ley sostuvo matrimonios que ya estaban rotos. Hoy, por fin dejó de hacerlo. Porque hay algo que ya no admite discusión: quedarse nunca debió ser una obligación.
