Hay buenas noticias para quienes llevamos años exigiendo que los ríos de la Ciudad de México dejen de ser colectores de desechos y vuelvan a ser lo que siempre fueron: arterias vivas que dieron origen a la civilización lacustre más extraordinaria del continente americano. La Ciudad de México ya cuenta con bases legales avanzadas. El problema —y también la oportunidad— es que esas bases son aún demasiado generales.
La nueva Ley Ambiental de la CDMX, promulgada en junio de 2024, reconoce los derechos de la naturaleza como ente colectivo sujeto de derechos. La Constitución local, por su parte, establece con claridad que “el derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades.” Dos instrumentos poderosos que, sin embargo, carecen todavía de los mecanismos específicos para hacerlos exigibles. Ahí reside la tarea legislativa pendiente.
La primera iniciativa necesaria que propongo es una Ley de Personalidad Jurídica de los Ríos Urbanos. El modelo más sólido proviene de Nueva Zelanda y Colombia: ambos países han reconocido personalidad jurídica a ríos y ecosistemas, nombrando guardianes con facultades legales para defenderlos ante los tribunales. India siguió el mismo camino para el Ganges. Para la Ciudad de México, esto significaría otorgar a ríos como el Magdalena, Tacubaya o Becerra un estatus jurídico propio, con un Consejo de Guardianes integrado por comunidades originarias, científicos y legisladores capaces de actuar en su nombre. Un río con derechos no puede ser entubado por decreto. Un río con guardianes tiene quien lo defienda.
La segunda propuesta es una Ley de Desentubamiento y Restauración Hidrológica, inspirada en uno de los casos de regeneración urbana más celebrados del mundo: el río Cheonggyecheon, en Seúl, Corea del Sur, que fue liberado de una autopista elevada para convertirse en un corredor ecológico que transformó la ciudad. La ley establecería un programa obligatorio y con calendario definido para el desentubamiento progresivo de los principales ríos sepultados bajo el asfalto capitalino, como el Churubusco, el Consulado, La Piedad y el Mixcoac. Los estudios de factibilidad serían financiados con presupuesto local y vinculados al Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que exige ciudades inclusivas, seguras y sostenibles.
La tercera iniciativa es una reforma a la Ley de Desarrollo Urbano que prohíba explícitamente cualquier obra nueva sobre cauces históricos entubados y establezca franjas de amortiguamiento ecológico en los márgenes de todos los cauces identificados. Bolivia, con todos sus problemas de implementación, incorporó en su legislación un principio que la Ciudad de México debería adoptar: el derecho de los ecosistemas a no ser afectados por megainfraestructuras que alteren su equilibrio. Prohibir el daño futuro es tan urgente como reparar el daño pasado.
La cuarta propuesta, la Ley de Infraestructura Azul-Verde Obligatoria, exigiría que todo proyecto de obra pública o privada de cierta envergadura incorpore soluciones basadas en naturaleza —techos verdes, jardines de lluvia, pavimentos permeables— y destine un porcentaje de su presupuesto a la restauración de cauces. La propia Ley Ambiental vigente ya define estas soluciones en su glosario: son “acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que éstos proveen para abordar desafíos sociales y ambientales.” La norma existe; sólo falta volverla obligatoria.
La quinta y quizás más decisiva propuesta es la Defensoría de los Ríos y Cuerpos de Agua. Bolivia ofrece aquí una lección dolorosa: tiene instrumentos legales para proteger los derechos de la naturaleza que en la práctica no ejerce. Los derechos sin institución que los accione son letra muerta. Esta Defensoría sería un órgano autónomo con facultades para interponer demandas en nombre de los ríos, emitir alertas tempranas de contaminación y vetar permisos de obra que amenacen los cauces.
La ventaja estratégica de este paquete legislativo es que no parte de cero. Se ancla en la Constitución y en la ley ambiental ya vigentes, dialoga con los ODS 6, 11 y 15, y tiene referentes internacionales exitosos que le otorgan legitimidad técnica y política. Los ríos de esta ciudad esperan desde hace décadas. El marco legal está casi listo. Lo que falta es la voluntad de completarlo.
