Durante el sexenio anterior y parte del actual, la política energética mexicana estuvo centrada en recuperar el control por parte del Estado sobre los sectores eléctrico y de hidrocarburos priorizando la posición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX) frente a la inversión privada.
Temas como el fortalecimiento y transición de las entonces empresas productivas del Estado a empresas públicas del Estado, la reivindicación de la soberanía energética y cambios profundos en diversos órganos reguladores de ambos sectores ocuparon buena parte de los esfuerzos del gobierno, sin embargo, sobre la eventual mayor o menor participación de la iniciativa privada en estos sectores hubo una permanente incertidumbre.
Al parecer, últimamente se está dando una definición por parte del gobierno abandonando paulatinamente el discurso sobre la incompatibilidad entre el interés público y el interés privado y, por otra, se están tomando decisiones de política pública y de negocios que parecen comenzar a dar cabida a la participación privada.
Entre otras cosas, parecen motivar este giro tanto la insuficiencia presupuestaria para invertir en los sectores comentados es clara, como también el rezago existente en lo referente a la infraestructura indispensable para que estos estén al día y contribuyan de manera contundente en el desarrollo nacional.
Por lo que hace a las decisiones aludidas, nada menos el pasado 07 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos emitido por la Secretaría de Energía, mismo que junto con otros documentos es considerado rector de la política energética nacional con un horizonte a 15 años para, específicamente, el desarrollo de las actividades de exploración, extracción, transformación, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos. Además, este documento se caracteriza por orientar la expansión y modernización de la infraestructura del sector.
Desde la introducción del Plan comentado, puede notarse que se mantiene al Estado como el “agente rector y planificador que asegura el control energético del sector” y la relevancia que cobran los particulares en el mismo ya que ahí se “ordena e incentiva la participación de los privados a través de la implementación de diversos esquemas”.
En lo anterior destaca la figura de las Asignaciones para el Desarrollo Mixto, misma que en el propio Plan se define como un acto jurídico administrativo mediante el cual la Secretaría de Energía otorga exclusivamente a PEMEX el derecho para realizar actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en el Área de Asignación, por una duración específica, y en la cual PEMEX complementa sus técnicas operativas, financieras o de ejecución mediante la asociación con participantes privados.
El propio gobierno identifica que con la utilización de esta figura se permite:
- acelerar la ejecución de proyectos,
- incorporar las tecnologías avanzadas,
- optimizar costos y
- mejorar la gestión de riesgos.
De esta manera, es notable el golpe de timón que se está dando en el sector, lo cual sin duda es una buena noticia, pues solamente se puede hacer factible el desarrollo de estos sectores con la participación de todos, sobre todo ante un panorama complejo tanto en el ámbito internacional como en el nacional.
