En México ya no existen los precandidatos. Hoy se llaman “coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” o “promotores”, “enlaces territoriales”, las famosas “corcholatas” o cualquier eufemismo que permita arrancar campañas un año antes sin admitir que son campañas.
La ley cambia de nombre a las cosas, pero no modifica la realidad. La desbandada de senadores, diputados y funcionarios rumbo a 2027 es la mejor prueba.
Nada más tenemos que ver a los 277 “coordinadores” inscritos para la carrera hacia las urnas para renovar el congreso, 17 gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales, dentro de un año. Sí, aunque el periodo formal inicie el primero de octubre, Morena desdeña el mandato de la ciudadanía y, por supuesto, las leyes electorales del país.
Mientras miles de ciudadanos las y los eligieron para legislar o gobernar durante un periodo determinado, muchos prefieren recorrer estados, organizar estructuras y participar en encuestas internas. La prioridad dejó de ser representar a quienes votaron por ellos; ahora consiste en construir la siguiente candidatura.
El costo lo paga la administración pública. Cada licencia, renuncia o ausencia prolongada significa proyectos detenidos, agendas legislativas incompletas y gobiernos que operan con funcionarios de paso. Y, obviamente, todo esto decanta en un gobierno ausente para las y los ciudadanos que los elegimos democráticamente.
Han convertido a la política en una carrera permanente donde el siguiente cargo importa más que el actual. Las disputas por candidaturas, los grupos internos y las lealtades personales concentran más energía que el debate público o la competencia con otros partidos, convirtiéndose Morena y sus grupúsculos en la oposición real de Morena.
Así, los eufemismos siguen, el desdén a la ley también y hoy es un hecho que gobernar se vuelve un simple escalón electoral en la escalera interminable del poder.
