Como en las dos entregas anteriores lo he hecho, en esta ocasión abordaré también lo acontecido en días recientes respecto al derecho a la protección de la salud en México.
Para ello, vale la pena recordar que este derecho fundamental se encuentra establecido en el artículo 4º constitucional y es esa misma disposición la que además de señalar que existirá “un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud”, detalla que “la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”.
Básicamente, la norma referida líneas arriba es la Ley General de Salud (LGS), misma que define que el Sistema Nacional de Salud (SNS) “está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud”.
Por lo tanto, es claro que existe una importante cantidad de instituciones públicas y privadas que forman parte del SNS que para que un objetivo tan ambicioso como es el contar eventualmente con un Sistema Universal de Salud, invariablemente tendrían que estar incluidas todas en las acciones a seguir.
Ya en días pasados toqué este tema a partir del anuncio que desde el Gobierno de México se realizó sobre la creación de un Servicio Universal de Salud (SUS) apoyándose en la publicación de un decreto que daría el banderazo de salida para realizar una credencialización, establecer un expediente médico digital, diseñar un sistema de compensación, etc.
Finalmente, el “Decreto por el que se crea el Servicio Universal de Salud del Gobierno de México” fue publicado el pasado 17 de abril y, entre otras cuestiones, señala que se busca consolidar “un Servicio Universal de Salud bajo los principios de ‘Humanismo Mexicano’ y de ‘cero rechazo’, que asegure un trato digno, respetuoso y de calidad en la prestación de estos”. Para ello, busca que instituciones públicas que prestan servicios de salud se conviertan en una red integrada y que esto opere mediante un esquema de compensación establecido por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Petróleos Mexicanos.
Luego de revisar el documento anterior, se pueden realizar algunas puntualizaciones que, de subsanarse, podrían en mi opinión mejorar el comienzo de un largo camino que tendría que seguirse para contar con un Sistema Universal de Salud:
- Al tratarse de una materia que requiere de la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas, se requiere de al menos llevar a cabo reformas a la LGS y a otros cuerpos normativos.
- A los alcances limitados por obligar solamente a instituciones públicas federales, se suma que se ha dejado fuera a algunas también de este tipo como el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, lo cual fortalecería a aquella red integrada de la que se habla.
- Al permitir a las demás instituciones publicas “adherirse” a este esquema, se genera que puedan optar o no a hacerlo, lo cual eleva el riesgo de que aquella “red integrada” quede incompleta.
- Al sujetar el cumplimiento del “cero rechazo” a que no haya perjuicio en la capacidad financiera, en la disponibilidad presupuestaria, ni menoscabo en la calidad de los servicios que las instituciones prestan a su población objetivo, la obligatoriedad de esta disposición carece de la fuerza para que, de manera contundente, se den los primeros pasos hacia la creación de un SUS.
- Al establecer en el artículo décimo transitorio que no se autorizarán recursos adicionales para las instituciones prestadoras de servicios públicos de salud en el presente ejercicio, se hace más compleja una implementación correcta del decreto en un tiempo razonable.
Un tema tan importante como es la protección de la salud y un objetivo tan ambicioso como es el contar con un SUS, sinduda requerirán de mayores esfuerzos por parte no solo del gobierno sino de toda la sociedad. Por ejemplo, para ello basta recordar las afirmaciones sobre el costo de los derechos hechas por Holmes y Sunstein.
