Más allá de tratarse de una discusión estrictamente tecnológica, la situación de las redes sociales se ha convertido en un debate político y jurídico en diversas latitudes. A nivel nacional hoy podemos ser testigos de un debate muy profundo en Estados Unidos y en Francia y, en el orden subnacional, un buen ejemplo de esto es el estado mexicano de Querétaro.
Los tres casos son especialmente interesantes por abordar este fenómeno desde diferentes situaciones, sin embargo, los tres coinciden en el peligro que puede suponer el uso de redes sociales, sobre todo, en niñas, niños y adolescentes.
En el ejemplo estadounidense, desde 2023 fue presentada una demanda por parte de 29 fiscales generales estatales que acusaron a Meta (dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp) de buscar deliberadamente que sus plataformas produjeran adicción particularmente en el sector mencionado. A decir de los fiscales, los daños psicológicos son importantes y la puesta en riesgo de estas personas también, por lo que los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey reclaman el pago de daños por alrededor de 1.4 billones de dólares y cambios profundos en el funcionamiento de dichas plataformas.
Por lo que hace al caso francés, hace unos meses el parlamento francés aprobó una legislación creada con la finalidad de Restringir el acceso a las redes sociales a las personas menores de 15 años debido a diversas preocupaciones relacionadas con el ciberacoso, la explotación sexual, los mecanismos algorítmicos diseñados para prolongar la permanencia de los usuarios en las plataformas hola exposición a contenidos nocivos. No obstante, el pasado 14 de agosto el Consejo Constitucional francés declaró que dichas normas secundarias contravenían a la constitución misma, pues si bien ese órgano colegiado reconoció la legitimidad de proteger a las personas menores frente a los riesgos derivados en las redes sociales, concluyó que una prohibición general de acceso para ese sector afectaba de manera desproporcionada la libertad de comunicación y la libertad de expresión.
En lo referente a México, el estado de Querétaro Salta a la vista aquí por aquella denominada “Ley Kuri”, misma que fue aprobada unánimemente por el congreso local en el mes de Julio de 2025 y que estableció que las plataformas de redes sociales no deben permitir el acceso a menores de 14 años. En el caso de personas de 14 años cumplidos y menores de 18, exige el consentimiento de la madre, el padre o tutor para registrarse como usuarios. Además, con esta norma se pretende obligar a las plataformas establecer diversos mecanismos y adoptar distintas medidas en aras de priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. En este caso, surgen diversas preguntas relacionadas con las facultades con que cuenta un congreso local para legislar en materias invariablemente corresponden al orden federal y en la proporcionalidad que puedieran tener estas medidas.
Más allá del resultado final que puedan tener estos 3 casos, en la actualidad podemos ser testigos de los duros cuestionamientos que están padeciendo las empresas dueñas de este tipo de plataformas y el posible impacto que han tenido en la seguridad y salud de la población en general, y de las personas menores en lo particular.
Entre otras cosas, hoy el mundo debe preguntarse si la persecución de los objetivos mencionados justifican una intervención estatal de esta envergadura, pues si bien las personas menores deben encontrarse protegidas por el Estado, es de recalcar que estas también son titulares de derechos como los ya comentados y otros como pueden ser el acceso a la información.
Los distintos caminos emprendidos por Estados Unidos, Francia y el estado mexicano de Querétaro, son prueba clara de que existe en diversos lugares la convicción de que las redes sociales deben ser reguladas, pero no existe un consenso relacionado con cómo debe hacerse y cómo hacerlo salvaguardando los derechos de las personas.
