A mediados de mes, trascendieron en los medios declaraciones de Mitzuko Márquez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Colima, quien afirmó textualmente que “todo aquel que no esté feliz en este país, debería retirarse de este país”. Estas palabras resultan imprudentes y desoladoras, particularmente al provenir de una líder del partido en el poder. Aunque podría pensarse que aseveraciones de esta naturaleza carecen de trascendencia, la realidad es que son ofensivas para el pueblo mexicano.
Las palabras se pronunciaron en una asamblea de Morena para la defensa de la soberanía nacional, donde se conminó a ciudadanos, empresarios y periodistas a alinearse con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como era de esperarse, el rechazo en redes y medios de comunicación fue inmediato: voces críticas señalaron la intolerancia y la miopía democrática de la dirigente. Llegar a estos extremos no es un simple exabrupto retórico; delata un alarmante sesgo autoritario y sumisión al oficialismo.
Aunque expresada de manera amplia, la frase apuntó a cualquier persona inconforme que disienta de la visión oficial. Ante un señalamiento de esta magnitud, resulta imperativo recordar el marco legal y el pacto federal de nuestra República. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es categórica: todo ciudadano tiene el derecho de entrar, salir, trasladarse y —fundamentalmente— permanecer en su patria. La ley máxima impide que cualquier autoridad expulse, exilie o destierre a un mexicano por motivos políticos, ideológicos o disidencia. Asimismo, la Carta Magna blinda explícitamente la libre expresión, la crítica pública y manifestación de ideas, así como el derecho de asociación y reunión pacífica para exigir cuentas a los gobernantes. La patria no le pertenece a una militancia; pertenece a todos, incluidos aquellos que disienten.
Las declaraciones contrastan con las libertades fundamentales, entendidas como derechos inalienables y no como concesiones otorgadas a cambio de simpatía o silencio. Siempre serán lamentables los discursos que, desde el poder, buscan polarizar y excluir. Frente al autoritarismo, la respuesta ciudadana debe ser firme: sostener la Constitución, arraigarnos en nuestra patria, ejercer la libre expresión y exigir que el poder rinda cuentas.
Esta retórica nos obliga a observar hasta dónde pueden llegar los regímenes autoritarios, como el caso nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. El “orteguismo” suma cerca de 30 años en el poder, erigiéndose como uno de los sistemas más represivos en América Latina. En el marco del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista (19.07.2026), Ortega fue enfático al afirmar: “No volverá a haber elecciones para que ellos (la oposición) intenten atrapar al gobierno, atrapar al poder”. Además, anunció nuevas leyes para imponer un “muro a los golpistas”, sepultando cualquier alternancia democrática.
Según la CIDH, la represión nicaragüense no se limita a sus fronteras con presos políticos, desapariciones y violación permanente a los derechos humanos; también persigue a opositores exiliados, que han huido o han sido expulsados. Muchos han sido despojados de su nacionalidad y documentos —por resolución judicial considerados traidores a la patria—, convirtiéndolos en apátridas de facto, además de sufrir violencia física en el extranjero, incluido asesinato. Esta situación agudiza la inexistente democracia en un país donde gobierna la fuerza. El orteguismo ha negado el derecho al voto libre porque sabe que no puede ganar en las urnas.
Ante las medidas antidemocráticas anunciadas por Ortega, la comunidad internacional lanzó duras críticas; sin embargo, México guardó un hermético silencio. Por el contrario, a través de su embajador en Nicaragua —de nombramiento político—, el gobierno felicitó a la dupla Ortega-Murillo por el aniversario de la revolución sandinista, transmitiendo una polémica admiración hacia ese régimen abiertamente opresor, al cual calificó como “muy bien representado” por los mandatarios.
