Durante años, el Partido Verde fue visto como el acompañante perfecto del poder: pequeño, flexible y extraordinariamente hábil para sobrevivir. Estuvo con el PRI, se acercó al PAN y desde 2018 encontró en Morena su sociedad política más rentable. Pero algo cambió. El Verde ya no parece conformarse con acompañar al partido gobernante. Ahora cobra. Y cobra caro.
La elección de 2027 empieza a mostrarlo.
El próximo año estarán en disputa 17 gubernaturas, además de la Cámara de Diputados y cientos de cargos locales. Morena llega como la fuerza dominante, pero la definición de sus candidaturas dejó una paradoja interesante: el partido más poderoso de México tuvo que entregar espacios estratégicos a un aliado cuya votación nacional ronda el 8%.
El Verde consiguió colocar perfiles en entidades como Nayarit y Baja California Sur, además de posiciones negociadas previamente. No es un detalle menor. Durante el proceso interno se registraron 277 aspirantes de Morena, PVEM y PT para buscar las coordinaciones estatales relacionadas con las 17 gubernaturas. Había aspirantes, estructura y competencia de sobra. Lo escaso no eran candidatos; era margen para mantener cohesionada la coalición.
Ahí está la verdadera fuerza del Verde.
Su poder no necesariamente se mide por los votos que tiene, sino por los votos que Morena no puede darse el lujo de perder. En una elección cerrada, ocho puntos porcentuales dejan de ser pequeños. Se convierten en una póliza de seguro. Y quien vende el seguro termina poniendo condiciones.
San Luis Potosí exhibe todavía mejor la contradicción.
El gobernador Ricardo Gallardo ha impulsado políticamente a su esposa, la senadora Ruth González Silva, rumbo a la gubernatura. Morena decidió tomar distancia y designó a Elí César Cervantes como su coordinador estatal, mientras el Verde mantiene su propia ruta.
¿Por qué importa?
Porque la presidenta Claudia Sheinbaum hizo del combate al nepotismo electoral una bandera política. La Constitución ya fue reformada para impedir que determinados familiares sucedan inmediatamente a quienes ocupan cargos públicos. El problema está en la letra pequeña: la prohibición constitucional comenzará a aplicarse hasta los procesos electorales de 2030, no en 2027.
Así aparece una de esas zonas grises que tanto dicen sobre la política mexicana: algo puede ser contrario al principio defendido públicamente y, al mismo tiempo, perfectamente posible bajo la legislación vigente.
Morena ha decidido imponerse internamente la restricción desde 2027. El Verde no necesariamente comparte ese compromiso. Y ahí la discusión deja de ser únicamente sobre una candidatura.
La pregunta de fondo es otra: ¿quién necesita más a quién?
Durante el primer tramo de la llamada Cuarta Transformación parecía evidente que los aliados necesitaban a Morena. Hoy la relación es más compleja. El Verde dispone de legisladores, estructuras locales, gobiernos, recursos y capacidad para negociar candidaturas. Puede acompañar al oficialismo, pero también puede encarecer cada voto parlamentario y cada alianza electoral.
Eso modifica silenciosamente la distribución del poder.
Morena conserva la Presidencia y una enorme presencia territorial, pero gobernar con aliados implica compartir decisiones. Y mientras más indispensable sea un socio, menor es la distancia entre aliado y condicionante.
La prueba llegará en 2027. No solamente porque habrá que contar gubernaturas, diputaciones y votos, sino porque veremos cuánto está dispuesto a ceder Morena para preservar su bloque.
La política mexicana tiene una vieja costumbre: los partidos pequeños suelen parecer irrelevantes hasta que hacen falta.
El Verde entendió esa regla hace mucho.
Quizá por eso ha sobrevivido a gobiernos, presidentes e ideologías.
Y quizá por eso la pregunta rumbo a 2027 ya no es cuánto necesita el Verde a Morena.
Es mejor preguntarse cuánto necesita Morena al Verde.
