El gobierno federal se enteró por las fotos. El 2 de octubre, el gobernador Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, colocaron la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro. El proyecto, con una inversión superior a 30 millones de pesos, pretende formar a policías mexicanos con especialización de agencias estadounidenses para detectar e incautar drogas, armas y dinero ilícito. La embajada recordó que en la última década Washington ha invertido más de 10 millones de dólares en capacitación y equipamiento en esa entidad. Johnson lo celebró: Querétaro, dijo, es un ejemplo de lo que se puede lograr trabajando juntos contra los cárteles.
Tres días después, en la mañanera, Claudia Sheinbaum no disimuló su molestia. “No puede poner una academia internacional sin el permiso del Gobierno”, afirmó, y ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores llamar a Kuri y a Johnson para pedir explicaciones. No invitaron a la Defensa, ni al Gabinete de Seguridad federal, ni a la Cancillería. Solo al embajador. La presidenta subrayó que los delitos de delincuencia organizada son de competencia federal y que cualquier cooperación de este tipo debe pasar por la SRE y cumplir la Ley de Seguridad Nacional. No habló de delito, pero sí de un límite que no debía rebasarse.
La SRE precisó después el detalle clave: Querétaro avisó de la visita del embajador, pero no que implicaba mecanismos directos de cooperación en seguridad.
No es la primera vez que un gobierno estatal genera ruido por sus acercamientos directos con autoridades de Estados Unidos. En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar enfrentó la filtración de audios en los que se le escucha dialogar con personas que se presentaron como intermediarios o agentes estadounidenses. En esas conversaciones expresa disposición a cooperar, a compartir información de las mesas de seguridad. Ella reconoció que las pláticas existieron, pero aclaró que sus interlocutores nunca acreditaron formalmente su representación y negó cualquier acto irregular. Insistió en que la colaboración fronteriza debe hacerse por canales institucionales, con coordinación, no subordinación. Sheinbaum, en su momento, dijo que la gobernadora ya había aclarado el asunto y que era un tema de ella.
Dos casos distintos, un mismo trasfondo: la tensión entre la cooperación práctica en seguridad y el respeto a los conductos federales. Estados Unidos avanza con recursos, academias y entrenamiento especializado en temas que afectan directamente a México: el flujo de fentanilo, armas y dinero ilícito. Esas acciones se presentan como ayuda concreta. Mientras tanto, del lado mexicano persisten debilidades estructurales en la capacidad de respuesta, que no logran garantizar la seguridad de la población.
La soberanía no se defiende solo con discursos. Tampoco se fortalece cuando los estados actúan por su cuenta en materias que la ley reserva al ámbito federal. El reclamo de Sheinbaum a Kuri y a Johnson es un recordatorio claro: la cooperación internacional en seguridad no puede improvisarse.
Si México quiere ser socio y no receptor pasivo, tiene que resolver primero lo que le corresponde en casa. De lo contrario, Estados Unidos seguirá haciendo el trabajo que nuestro país no quiere o no puede hacer.
