La política tributaria no solo define cuánto recauda el Estado, también establece tratamientos preferenciales que modifican la carga fiscal de determinados ingresos, actividades, bienes, sectores o contribuyentes. En ese sentido, las renuncias recaudatorias (gastos fiscales) implican una decisión de política sobre recursos que el Estado deja de percibir y representan apoyos indirectos que operan a través del sistema impositivo que pueden disminuir, evitar o diferir el pago de impuestos. Por ejemplo; para el ISR Empresarial las deducciones en la adquisición de automóviles; para el ISR Personas Físicas las deducciones en primas de seguros de gasto médicos; y en el IEPS los estímulos fiscales a gasolinas, entre otros. Esta característica las coloca en una zona menos visible del debate fiscal, pues mientras el gasto público se discute cada año en el Presupuesto de Egresos, las renuncias recaudatorias generalmente no están en esa discusión.
El Reporte de Renuncias Recaudatorias 2026 permite dimensionar la magnitud del tema. Para 2026, la SHCP estima un monto agregado por este concepto por 1.67 billones de pesos, esto es, 4.48% del PIB. La proyección para 2027 es de 1.77 billones de pesos, 4.45% del PIB. Estos montos muestran que los tratamientos preferenciales representan una parte relevante de las decisiones fiscales del Estado, toda vez que los ingresos tributarios rondan el 15.2% del PIB (en 2025). La interpretación de estas cifras requiere cautela. El propio reporte señala que las estimaciones no equivalen a la recaudación adicional que se obtendría si los tratamientos preferenciales fueran eliminados de manera simultánea. Además, su evolución depende del tamaño de las bases económicas, de dinámicas sectoriales, de cambios en los patrones de consumo, de la aplicación efectiva de beneficios y de la continuidad del marco normativo.
Actualmente, México enfrenta presiones crecientes de gasto en rubros como salud, pensiones, infraestructura, educación, seguridad, transición energética y cuidados. La discusión sobre su financiamiento suele concentrarse en nuevos ingresos, eficiencia recaudatoria o reasignaciones presupuestarias. Sin embargo, una política fiscal integral también requiere revisar estas renuncias recaudatorias. Su permanencia debería sustentarse en evidencia sobre su pertinencia, efectividad, eficiencia, incidencia distributiva y coherencia con las prioridades de política pública.
En este sentido, evaluar no significaría eliminar, sino distinguir entre tratamientos que cumplen una función pública verificable, aquellos que podrían rediseñarse y tratamientos cuyo costo fiscal no cuenta con una justificación suficiente frente a sus resultados. La agenda pendiente consiste en construir mecanismos periódicos de revisión que permitan comparar objetivos, instrumentos, beneficiarios, costos y efectos esperados. Aquí se abre una agenda de evaluación que puede aportar evidencia para mejorar la política tributaria y orientar mejor el uso de los recursos públicos.
