El Congreso de la Unión ha clausurado el último periodo de sesiones ordinarias de la 64 Legislatura. Como ocurre cada abril y cada diciembre, legisladoras y legisladores han tenido que sufrir sesiones maratónicas en las que, inexplicablemente, han tenido que abordar de urgencia los temas que durante sesiones previas no se incluyeron en la agenda. Ello ha obligado que, sin conocer bien a bien el contenido e implicaciones de los dictámenes, los plenos hayan aprobado proyectos inconstitucionales, los cuales se toparán con el control jurisdiccional de la constitucionalidad.
En este contexto es que el partido en el gobierno se encuentra en la antesala de perder la mayoría calificada de la que artificialmente se hizo después de las elecciones de 2018 y que le permitió tomar el control, por tres años, de la Cámara de Diputados, pero a partir del 1º de septiembre de 2021 será diferente.
Diversos estudios de opinión señalan que la ciudadanía emitirá un voto de sanción al partido en el poder, debido a la crisis económica que se suscitó desde 2019, pandemia del Covid-19 que ha cobrado la vida de medio millón de mexicanos, la inseguridad que se ha incrementado exponencialmente, los casos de corrupción que se han multiplicado y la indiferencia con la que se tratan los temas más sensibles para la sociedad.
Es decir, el partido en el poder no ha dado una desde el gobierno.
Muchos son los discursos y pretextos pero uno el resultado: más pobreza.
El pueblo no eligió a Morena para cambiar los libros de texto gratuitos, construir el tren Maya ni la refinería de Dos Bocas, sino para acabar con la corrupción y generar bienestar y prosperidad en el pueblo, lo cual, sobra decir, no ha sucedido.
La frialdad, indiferencia e ineficacia con la que se conducen los gobiernos de Morena han calado hondo en el pueblo, y se lo harán saber en las urnas.
Por ello, la agenda legislativa de la 65 legislatura, es decir, la que dé inicio el 1 de septiembre de 2021, debe contemplar los temas que ha agravado la mal llamada “cuarta transformación” y que no son otros más que la distribución de la riqueza, creación de un piso mínimo de bienestar para la sociedad, mayores oportunidades de educación, creación de empleos, recuperación económica, restablecimiento de frenos y contrapesos para dejar atrás la concentración del poder, confirmación del Estado laico, consenso en torno a los grandes proyectos de infraestructura y redireccionamiento de los recursos públicos a programas sociales, todos ellos enmarcados en cuatro principios: división de poderes, derechos humanos, autonomía de los jueces y legalidad.
Se tratará de un punto de inflexión en la historia democrática del país, en el que la sociedad mexicana reconducirá por la vía de las urnas el destino del país.
Y es que no puede ni debe ser de otra forma. Tras décadas de construir instituciones públicas y evitar la concentración y abuso del poder, la sociedad no está dispuesta a dar marcha atrás, al contrario, dará diez pasos adelante para vacunarse del populismo y salir avante de los años de oscuridad y tragedia que se han cernido sobre México.
Permanente se solidariza con víctimas de tragedia
En nombre de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, su presidente, el senador Eduardo Ramírez expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares, con motivo de los lamentables hechos ocurridos el pasado lunes 3 de mayo, en la Línea 12 del Metro.
Al inicio de la sesión se había guardado un minuto de silencio como señal de luto y pésame a los familiares.
También la Comisión Permanente exhortó al Gobierno de la Ciudad de México, para que garantice la reparación del daño de las víctimas y sus familiares.
@jlcamachov