1.
En una fecha siempre memorable en nuestro país, pues se celebra el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en similar fecha de 1917, el titular del Ejecutivo federal envía al Congreso una catarata de iniciativas de reforma, como para cambiar 60 artículos de la misma, cuando el tiempo y forma para ello pareciera haberse agotado, al menos procedimentalmente. El 1 de febrero inició el sexto y último periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, en un lapso que suele considerarse como corto y concluye el 30 de abril, en el que se intercala el asueto de la Semana Santa. Una reforma constitucional toma entre seis meses y un año, en el mejor de los casos, para ser procesada, pues tratándose de la Constitución, por mucha prisa que se tenga, el procedimiento legislativo suele ser cuidadoso para reducir al mínimo la posibilidad de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o juicios de amparo que en defensa de los derechos ahí consagrados, pueden interponer los partidos, otros niveles u órganos del Estado o los particulares.
2.
No escapa el carácter político de tal decisión, pues estando tan próximo el arranque de la campaña presidencial como también la conclusión del actual sexenio, el poner a debate tal diversidad de temas extrapola los mismos a la agenda electoral. Se estarán enviando iniciativas anteriormente presentadas, como la del traslado de la Guardia Nacional al mando militar y la reforma política electoral que buscaría reducir el financiamiento a partidos, desaparecer las listas plurinominales y reducir los límites a la participación de servidores públicos en actividades de campaña, como también varias otras para reformar el Poder Judicial y elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, la desaparición de órganos autónomos constitucionales como el INAI, la COFECE, la CRE, el IFETEL, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y en una de esas, hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo ha pedido su presidenta, doña Rosario Piedra Ibarra.
3.
También se presentan en este paquete otras reformas que tendrían un singular efecto en la economía del país de ser aprobadas, como al sistema de pensiones para recibir 100% del último salario, que implicaría volver al viejo esquema de reparto con sobrepeso fiscal; la indexación de los salarios mínimos, los cuales nunca podrían estar por debajo de la inflación; la reducción a 65 años de edad para recibir una pensión del bienestar; desde luego la que está actualmente en el proceso legislativo de reducción de la jornada laboral a 40 horas, que en conjunto constituyen una gran mejoría laboral, esperando cuenten con evaluación de impacto presupuestal, como debe ser.
4.
Empero, la LXV Legislatura prácticamente habrá de concluir sus labores ordinarias en pocos meses, a la par que las campañas electorales tienen lugar. No hay forma de evitar que las propuestas se trasladen de un escenario al otro, del legislativo al político-electoral. Por ende, el debido procedimiento legislativo se vuelve importante.
5.
Actualmente, en la LXV Legislatura, tan sólo en el Senado se han presentado alrededor de ocho mil 500 iniciativas de todo tipo, de las cuales se han aprobado unas 170. El procedimiento legislativo establece que, al concluir la Legislatura –el próximo 31 de agosto— la nueva Mesa Directiva que habrá de instalarse el 1 de septiembre deberá informar sobre las iniciativas que podrían continuar vigentes, si es que los partidos así lo determinan, para adoptar un acuerdo parlamentario y continúen el trámite correspondiente, una vez que se integren las Comisiones de trabajo respectivas. Y, sin prejuzgar sobre el resultado de las elecciones y la integración de las Cámaras, no es difícil asumir que se requerirá un gran consenso para ello. Nada sucede en automático en el Congreso, mucho menos la reforma constitucional.
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