Al advertir “violaciones graves” al procedimiento legislativo que no respetaron las disposiciones de la Constitución, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la primera parte de la reforma electoral conocida como el “Plan B”, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por mayoría de nueve votos a favor, y sólo los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, el alto tribunal aprobó el proyecto de sentencia del ministro ponente Alberto Pérez Dayán en el que propuso “invalidez total” del decreto con el que se reformaron las Leyes Generales de Comunicación y de Responsabilidades Admirativas.
Previo al análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida por partidos políticos y legisladores de oposición, de manera unánime el pleno del alto tribunal desechó el incidente de recusación (queja) que interpuso la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para que el ministro Pérez Dayán no conociera del asunto señalando una supuesta “falta de imparcialidad”.
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Ayer, la propia Consejería advirtió al máximo tribunal que en caso de que declarara la invalidez total del proceso legislativo que dio lugar al llamado “Plan B”, estaría “sustituyendo” al Congreso de la Unión, lo cual implicaría una violación al “principio de división de Poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”.
Precisamente esa supuesta violación a la división de Poderes fue parte de los argumentos que dio la ministra Yasmín Esquivel, quien al igual que la ministra Loretta Ortiz, reconocieron que existieron irregularidades por parte de los legisladores. Sin embargo, ambas rechazaron que las faltas implicaran un “efecto invalidante”.
En ese sentido, ambas ministras —propuestas por el presidente López Obrador para integrarse al Pleno de la SCJN— votaron en contra de los efectos de la invalidez, al considerar, en el caso de la ministra Esquivel Mossa, que en la resolución se debió “entrar al estudio de las normas”.
En contraste, la postura de la mayoría de los ministros que avalaron el sentido del proyecto, aunque varios de ellos por consideraciones distintas, coincidieron en que las omisiones y faltas de la mayoría legislativa de Morena en el Congreso sí implicó una serie de faltas y violaciones procedimentales que derivan en la nulidad del procedimiento.
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“El conjunto de vicios y yerros en la función legislativa (que dieron lugar a la reforma electoral) son de tal magnitud, que acarrean, como consecuencia, lo que yo llamaría una perversión, perversión de las reglas democráticas”, sostuvo el ministro Luis María Aguilar.
Y aunque el ministro Arturo Zaldívar advirtió que el asunto de violaciones al proceso legislativo es “extraordinariamente delicado”, al ubicarse en la frontera de la división de Poderes, consideró que el hecho de que se privó a los legisladores de los grupos minoritarios “de participar en un debate en condiciones de igualdad y libertad”, sí implico una violación grave al procedimiento.
Tras la resolución de la Corte, en redes sociales se mostraron posturas tanto en favor de la invalidez como en contra, entre estas últimas destacó la del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien acusó a la SCJN de seguir protegiendo intereses particulares.
“Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas”, advirtió el titular de la Segob.
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Adán Augusto, Córdova y más… reaccionan a fallo sobre Plan B